El miércoles una mayoría calificada de senadores aprobó la reforma al poder judicial. Para alcanzar los números se necesitó del voto a favor del panista Miguel Ángel Yunes Márquez y la ausencia del senador de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda (aunque para ser justos, con el cambio o la ausencia de solo uno de ellos era más que suficiente).

Si la convicción del senador Yunes Márquez fue meramente de principios y acorde a su criterio personal es algo que costará saber a ciencia cierta porque su voto pareció condicionado y empañó un proceso que debió gozar de esa legitimidad aplastante que han presumido los integrantes de Morena y sus aliados más de una vez.

Antes de la votación, se especuló sobre los motivos del cambio de parecer del senador sobre la reforma (había dicho que votaría en contra) y si la negociación tuvo que ver con la desactivación de carpetas de investigación en su contra de él o en contra de su padre, Miguel Ángel Yunes Linares, quien además tomó protesta durante unas horas como suplente para argumentar por qué iban en contra del voto generalizado de la bancada panista.

Ambos Yunes se desvivieron en desmentir las versiones de la negociación y el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no se había pactado nada.

Aquí tenemos una noticia buena y una mala. La mala es que los procesos judiciales por desvío de recursos son lentos y frágiles; la buena es que en el caso de la Auditoría Superior de la Federación hay registro y documentación.

Según los informes de la auditoría estuvieron mal gastados, solo en la cuenta pública del gobierno veracruzano de 2018, 350 millones de pesos con los que se compraron cámaras de seguridad. La revisión de las cuentas del estado encontró que se usaron el 99.9 por ciento de los recursos pero no se tiene el número de serie de las cámaras, no está claro cuándo se entregaron y nadie revisó si están físicamente en los centros de control y comando.

Las cámaras que sí se encontraron y sí estaban instaladas, no funcionaban. La auditoría presentó el hallazgo que derivó en una denuncia de hechos. La Secretaría de Seguridad Pública en marzo de 2019 presentó una denuncia por daño patrimonial en contra de Miguel Ángel Yunes y de su entonces secretario de Seguridad Pública Jaime Téllez Marie. Esta la tomó la  Fiscalía General de la República y este año se programaron audiencias.

Si no hay un pacto de por medio, el castigo por la falta de instalación de las cámaras de vigilancia deberá ser una noticia pronto. El juicio podría seguirse de manera pública y la recuperación del dinero público o el esclarecimiento de los procesos llegarían tarde, pero llegarían.

Y aquí la duda genuina : ¿qué hacemos si nada pasa?

¿Cómo hacemos para transparentar las decisiones judiciales y políticas que tienen que ver con el dinero público? Quizá esta sea una de las primeras demostraciones de la importancia de instituciones y procesos para garantizar que nadie debe estar por encima de la ley.

 

    @Micmoya