El Gobierno de México, a través de las secretarías de Economía (SE) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), informó que desaprueba el fallo emitido de manera no unánime por un tribunal internacional administrado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que obliga al país a pagar una indemnización por negar un permiso para minería marina.
Por ello, anunció que buscará anular dicho fallo ante las cortes competentes. A través de un comunicado, explicó que después de más de dos años de haber finalizado el procedimiento, el 17 de septiembre pasado la mayoría del tribunal emitió el laudo a favor de la empresa Odyssey Marine Exploration, que obliga a México a pagar una indemnización de 37.1 millones de dólares por haber negado el permiso para un proyecto de dragado marino en Baja California Sur (BCS).
La cifra representa alrededor del 1.18 % del monto que la empresa originalmente reclamó en el arbitraje.
Refirió que, entre 2016 y 2018, la Semarnat negó la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto “Dragado de arenas fosfáticas negras en el yacimiento Don Diego”, por lo que la empresa Odyssey inició un arbitraje internacional en contra de México en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
El Gobierno de México detalló que “la obra programada en el Golfo de Ulloa, en BCS, entre cuyos socios se encontraban Diego Fernández de Cevallos y Alonso Ancira, consistía en un dragado marino, a una distancia de 12 millas marinas (22 mil 224 m) del punto más cercano a la costa en un área de 61 mil 989.2 hectáreas, con el fin de extraer 7 millones de toneladas de arenas fosfáticas anuales durante 50 años para producir 350 millones de toneladas de arenas fosfáticas cribadas y secadas para su transporte”.
En el proceso de arbitraje, México argumentó que el proyecto afectaba un lugar ecológicamente sensible en el que habita la tortuga caguama, ballenas gris y azul, y lobos marinos, entre otros. Asimismo, aportó evidencia que demostraba la falta de experiencia de la empresa en el sector minero, ya que su actividad principal es la búsqueda de tesoros marinos. Además, se expuso que las técnicas de dragado marino que Odyssey quería implementar no habían sido puestas en práctica en ningún lugar en el mundo.
No obstante, las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, consideran que el Tribunal “dio un peso desproporcionado a las declaraciones de dos exdirectivos de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, presentados como testigos por parte de Odyssey, quienes declararon que la negación de la MIA se debió a situaciones políticas y no científicas.
Por su parte, la defensa de México demostró que ambos testigos incurrían en conflictos de interés al recibir pagos cuantiosos por testificar, lo cual no fue tomado en cuenta por la mayoría del tribunal”.