El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) destacó la importancia del derecho al acceso a la información para la justicia en casos como el esclarecimiento de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014.
“Ha sido fundamental para que la sociedad vigile el actuar de autoridades e instituciones encargadas de investigar los hechos y exigir el derecho a la verdad, a la justicia, a la reparación del daño y la no repetición de violaciones graves a derechos humanos”, reiteró el Instituto.
Asimismo, el Inai enumeró seis resoluciones que emitieron en pro de resolver el caso de los 43 desaparecidos, donde se ordena entregar información para contribuir al esclarecimiento de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero.
Ante el resguardo de información por 12 años, de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sobre el caso, el Inai consideró que se trataba de violaciones graves a los derechos humanos, por ello, en 2015 determinó que se debía elaborar y entregar una versión pública de la averiguación previa.
En febrero de 2022, el Pleno emitió una nueva resolución en la que ordenó entregar una versión pública de la averiguación previa actualizada.
Posteriormente bajo el argumento de que las declaraciones de los militares formaban parte de una averiguación previa y su difusión afectaría las actividades de investigación. El Pleno antepuso que el acceso a la información garantiza el derecho a la verdad y ordenó entregar 36 versiones públicas de las declaraciones de los militares involucrados en los hechos.
Asimismo, se dictaminó la entrega de los informes policiacos, pues el Inai argumentó que la sociedad debía conocer su participación en el caso y ordenó entregar la versión pública de las bitácoras de servicios y de radio elaboradas por elementos de la Policía Federal en Guerrero, tarjetas informativas, parte de novedades, dictámenes técnicos e información sobre las personas puestas a disposición ante el Ministerio Público.
Aunado a ello, ante la negación de la Fiscalía General de la República (FGR) por entregar información sobre las 83 órdenes de aprehensión dictadas por un juez del Estado de México, el Pleno ordenó la búsqueda exhaustiva de estas, precisando contra quiénes se giraron, qué delito se les imputó, así como el número de identificación.
Finalmente plantearon que ante la búsqueda de los cuerpos, la Secretaría de Marina tenía la obligación de informar sobre los resultados, con pruebas de ello, así como se ordenó a la Presidencia de la República entregar la versión pública del expediente.