La sesión del Senado en la que previsiblemente se aprobará el cambio de adscripción de la Guardia Nacional se adelantó para mañana, ante el previsible hecho de que los normalistas de Ayotzinapa intenten ingresar a sus instalaciones.

 

La sesión debía realizarse el jueves, pero justo ese día se cumplen 10 años de la desaparición de 43 normalistas, a quienes López Obrador se comprometió a encontrar en su sexenio.

 

Pero es una de sus muchas promesas incumplidas, como muchas otras.

 

El gobierno espera un jueves de caos en la CDMX, en Guerrero y quizá en otras entidades, debido a las protestas anunciadas por los normalistas y los deudos de los desaparecidos.

 

No hay diálogo con el gobierno; la última cita que tuvieron los padres de los desaparecidos con López Obrador, que se autonombró encargado “personal’’ de la investigación, fue un fiasco.

 

Los familiares de los estudiantes se dijeron decepcionados porque en seis largos años, nada, absolutamente nada cambió respecto a la versión ofrecida por la administración peñista.

 

Si acaso, la detención del exprocurador Jesús Murillo Karam, por cierto en prisión domiciliaria, pero en el fondo, sigue vigente la “verdad histórica’’ que el gobierno quiso desmontar.

 

Por si las dudas, nadie que no sea trabajador del Senado podrá ingresar a partir de hoy.

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Dura fue la respuesta del Grupo Salinas (GS) a las declaraciones del presidente López Obrador, quien cuestionó en su Mañanera, otra vez, el hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya admitido los recursos de revisión presentados por el consorcio en dos casos de cobro excesivo de impuestos a una de sus empresas, Elektra.

 

Por conducto de su representación legal, GS asegura que sus recursos fueron admitidos por la Corte “no por inferencias mencionadas en la conferencia matutina, sino por la evidente inconstitucionalidad y porque responden al ejercicio de nuestros derechos como contribuyentes.

 

“La Corte aceptó los recursos una vez comprobado el requisito indispensable de certificación de constitucionalidad considerando que subsisten cuestiones que revisten un interés excepcional en materia constitucional y de derechos humanos’’.

 

El consorcio que encabeza Ricardo Salinas Pliego, asegura que el Presidente está mal informado “y engañado intencionalmente por sus colaboradores’’ en el caso Elektra, que litiga el cobro que considera indebido por una cantidad superior a los 34,000 millones de pesos.

 

“Confiamos en el Estado de derecho y que la resolución de nuestros asuntos se realice conforme a los principios de autonomía e independencia judicial, sin linchamientos públicos ni presiones políticas’’.

 

A ver.

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En San Luis Potosí, el altruismo del empresario Gerardo Sánchez Zumaya, comenzó a incomodar al gobernador Ricardo Gallardo, “El Pollo’’.

 

El empresario donó útiles escolares en varios municipios y ayudó al cuerpo de bomberos de la capital, lo que encendió las alertas en el gobierno del estado, que considera estas muestras de altruismo como activismo político.

 

Incluso, se rumora que Sánchez Zumaya está armando un equipo político y que su constante crítica en redes sociales al gobierno local han provocado molestia entre quienes no soportan la idea de un empresario como el próximo gran rival.

 

¿Será por eso que ahora ha sido blanco de una campaña sucia?

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La directiva de la Cooperativa La Cruz Azul se deslindó “categóricamente’’ de los hechos de violencia que se registraron en la planta de la empresa ubicada en Tula, Hidalgo, la mañana de ayer, cuando una turba llegada en autobuses pretendió tomar las instalaciones.

 

Y de paso, pidieron a las autoridades locales “hacer cumplir el estado de derecho, violentado desde años por el grupo delictivo que tiene el control ilegal de dichas instalaciones’’.

 

     @adriantrejo