Condenan jueces, magistrados y ministros amenazas de Godoy; piden a INE no ignorar amparo
Foto: Cuartoscuro | Ernestina Godoy dijo que actuará contra los juzgadores que han dictado resoluciones contra la reforma judicial.  

La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) rechazó las amenazas de la próxima consejera jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy, quien dijo que actuará contra los juzgadores que han dictado resoluciones contra la reforma judicial, tanto en lo relativo a su aprobación como a la implementación que se pretende llevar a cabo.

“Tales manifestaciones, que constituyen una grave amenaza a la independencia judicial y la división de poderes, pueden entenderse como una línea de acción en el ejercicio de su próxima posición en el gobierno federal, lo que sin duda pondría en entredicho el compromiso de asumir un gobierno de pleno respeto a los principios democráticos”, expresaron los juzgadores a través de un comunicado.

Añadieron que la independencia de las personas juzgadoras es un pilar indispensable para garantizar un sistema de justicia imparcial y equitativo, en el que se respeten los derechos humanos y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos.

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“En estos momentos en los que diversos mandatarios se encuentran en nuestro país para la ceremonia de transmisión del Poder Ejecutivo, resalta la gravedad de sus declaraciones.

“Cualquier intento de coacción o intimidación hacia el Poder Judicial representa un retroceso inaceptable en el avance democrático del país, y compromete la capacidad de los juzgadores para desempeñar sus funciones con imparcialidad y autonomía”, indicaron.

La JUFED llamó a los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como al Instituto Nacional Electoral (INE) y demás autoridades vinculadas al cumplimiento de las resoluciones judiciales, a respetar las suspensiones otorgadas por los jueces de Distrito y no eludir su responsabilidad con recursos discursivos.

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El incumplimiento de dichas resoluciones, recordaron, implica responsabilidad para los funcionarios públicos omisos, cualquiera que sea su jerarquía, además de que vulnera el Estado de Derecho.

LEO