En comisiones, el Senado de la República aprobó ayer las modificaciones constitucionales en materia de trenes de pasajeros y de generación de energía, así como de empresas estratégicas del Estado.
Por unanimidad, los integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Comunicaciones y Transportes aprobaron el dictamen por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política para establecer que el Ejecutivo Federal pueda otorgar asignaciones a empresas públicas o concesiones a particulares.
A pesar de haber votado a favor del dictamen, la senadora del PRI, Claudia Anaya, consideró que se trata de una reforma “inocua, intrascendente, genérica” y dijo que sólo se pretende redundar en el texto constitucional al establecer que el Estado retoma el derecho de utilizar las vías ferroviarias, “pero es que ese derecho no se había perdido”, aclaró.
En tanto, la senadora del Partido Verde, Juanita Guerra, señaló que “con esta reforma del transporte ferroviario volverá a ser para el público, mejorando la conectividad de bienes y servicios, y reduciendo los costos de movilidad”.
El dictamen señala que tanto el transporte de pasajeros como el de carga son áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
En tanto, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Energía, aprobaron la reforma que permite a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) dejar de ser empresas productivas del Estado para ser, nuevamente, públicas.
Establece que estas empresas tendrán prevalencia sobre las privadas, y en el caso de la generación de electricidad, el Estado podrá tener hasta 54% del mercado y el restante 46% será para la iniciativa privada.
Al respecto, el senador del PRI, Miguel Riquelme, advirtió que el pase de CFE y Pemex a empresas públicas pone en riesgo “miles de millones de pesos y de dólares, la eficiencia, pero incluso la supervivencia de empresas como la CFE y también Pemex”.
Y coincidió con la postura del emecista Luis Donaldo Colosio, quien consideró que esta reforma “nos regresa hacia un modelo económico obsoleto que ya ha demostrado muchas veces sus limitaciones y sus fallos en perjuicio de la economía familiar, unitaria y nacional, es historia sabida y conocida que bajo la gestión de monopolios los costos de todos los servicios tienden a aumentar, mientras que la calidad disminuye”.
PAN va por donadores
La diputada Kenia López Rabadán (PAN) presentó dos iniciativas para reformar la Ley General de Salud y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con el fin de que toda persona que fallezca sea considerada donadora potencial de órganos y tejidos a excepción de quienes hayan expresado su negativa en vida.