DeSacerdotes de Chilpancingo señalaron que el Estado de Derecho fue rebasado en esa zona del país por los recientes acontecimientos de violencia, como el asesinato de Alejandro Arcos.
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En un posicionamiento, el Decanato de Chilpancingo señaló que “En días pasados se suscitó el lamentable asesinato de Ulises Hernández Martínez, exdirector de la Unidad de Fuerzas Especiales; Francisco Gonzalo Tapia, secretario del ayuntamiento, y Alejandro Arcos Catalán, presidente municipal, poniendo de manifiesto que el Estado de Derecho ha sido rebasado con los acontecimientos vividos”.
En una carta dirigida a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, los representantes de la iglesia católica indicaron que queda demostrada “la vulnerabilidad de los actores que buscan paz ya que el alza en el clima de violencia siguen siendo una barrera para el desarrollo y bienestar de las personas de Guerrero”.
Señalaron que en esa entidad hay una necesidad de “intensificar la aplicación de las políticas de seguridad en el marco del debido respeto de los derechos humanos y del Estado de derecho, con la apertura para generar acuerdos interinstitucionales y sociales para atender la problemática de seguridad”.
Los sacerdotes afirmaron que “construir la paz requiere de la voluntad y los esfuerzos concretos de los distintos grupos que coexisten en el territorio de Chilpancingo, mismos que se lograrán a través del diálogo y entendimiento; quitar la vida de las personas servidoras públicas y la ciudadanía no resuelve las diferencias que existan entre ellos”.
En Chilpancingo, indicaron, “la ciudadanía es quien vive y sufre el resquebrajamiento del tejido social y de los lazos comunitarios; su sana coexistencia requiere que todas las partes que lo integran reflexionen y contribuyan con la voluntad de evitar cualquier acción que lacere la integridad física de sus integrantes”.
Reconocieron la estrategia de 100 días para mejorar la seguridad en Chilpancingo y enlistaron otras peticiones, como reparar “el daño integralmente a las víctimas y familiares, incluyendo medidas de restitución, satisfacción y garantías de no repetición”.
Otra de sus peticiones es “establecer mesas de diálogo con diversos actores sociales para proponer estrategias consensadas para la recuperación del tejido social o mesas de paz con los tres niveles de gobierno, iglesias y sociedad civil”.
También se debe “promover mediante instituciones debidamente capacitadas para establecer la justicia restaurativa, mediación y resolución positiva de conflictos sociales para la pacificación social”.
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