Poco a poco se va cerrando el círculo en torno a los funcionarios locales (y tal vez federales) que participaron en el secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Zambada, El Mayo.

 

La Fiscalía General de la República informó que se tienen definidas las participaciones de servidores públicos sobre los que recaen responsabilidades administrativas y penales.

 

Primero, la FGR ratificó, como lo indicó el propio Mayo, que Héctor Melesio Cuén, diputado federal electo, dirigente del Partido Auténtico de Sinaloa (PAS), exrector la universidad estatal, fue asesinado en la finca Huertos del Pedregal, lugar al que acudió presuntamente a una reunión con el narcotraficante preso y el gobernador Rubén Rocha Moya.

 

También la FGR confirmó que el video del supuesto asesinato de Cuén en una gasolinería, filtrado horas después de la muerte del político por la Fiscalía estatal, fue un montaje.

 

El dato nuevo es que en la cabina de la camioneta se encontraron rastros de sangre que corresponden a Rodolfo Chaidez, guardaespaldas del Mayo, que se encuentra como desaparecido al igual que el comandante de la Policía Ministerial, José Rosario Heras López, que también era escolta del jefe criminal.

 

La FGR informó que se tiene documentada la responsabilidad de peritos, ministerios públicos, policías ministeriales y diversas personas de la Fiscalía local que participaron en este montaje.

 

Como siempre, la gran pregunta es si el largo brazo de la justicia alcanzará a la exfiscal, amiga del gobernador, Bruna Sánchez Quiñones, quien renunció al puesto por “sugerencia’’ del propio Rocha Moya apenas quedó al descubierto el engaño.

 

Y, por supuesto, si la investigación llegará al gobernador, que hoy debe andar más nervioso que nunca.

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Jueces y magistrados anunciaron, a partir de hoy, la realización de una conferencia contramañanera’, con la que buscan defenderse de las acusaciones que cotidianamente reciben de diversos sectores del gobierno y del Legislativo.

 

La duración será de media hora, comenzará a las 08:15 horas y habrá una sesión de preguntas y respuestas.

 

La conferencia de los juzgadores se suma al paro que los trabajadores del Poder Judicial federal decidieron mantener después de una votación organizada el fin de semana pasado.

 

El paro no tiene fecha de caducidad y se mantendrá en protesta por la reforma al Poder Judicial y la estrategia de la “tómbola’’ que terminó, de manera unilateral, con carreras de jueces, magistrados y ministros sin que mediara de por medio una investigación de sus antecedentes laborales.

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Hace unos días el gobernador saliente de Chiapas, Rutilio Escandón, y su próximo sucesor, Eduardo Ramírez Aguilar, se reunieron para iniciar la transición de la administración estatal.

 

Hubo tal cantidad de zalamería entre ambos, que un panal completo se hubiera hecho diabético.

 

Ramírez dijo que Escandón había hecho las cosas bien y que por eso se daba esa transición tersa.

 

Lo real es que el gobernador de Chiapas deja el peor legado para un estado sumido en la violencia extrema; con los municipios de los altos tomados por la delincuencia organizada, con miles de ciudadanos desplazados, con comunidades fantasma y sin mayor bienestar para las comunidades.

 

Ese es el estado que gobernará Ramírez Aguilar, pero como ya le echó flores del tamaño de un invernadero a quien en breve será su antecesor, ahora no podrá culparlo del río de sangre que heredará.

 

El último caso es el homicidio del sacerdote Marcelo Pérez Pérez, de origen tzotzil, asesinado ayer después de haber oficiado una misa.

 

Pérez Pérez era un activista que hace poco encabezó, junto a otros religiosos, una marcha por la paz en el estado.

 

      @adriantrejo