Está demostrado que los derechos humanos sobreviven a un delicado equilibrio que debe ser resguardado constantemente. No puede darse nunca por sentado que ya por haberse ganado un derecho ese se queda ganado y ya.

Un ejemplo claro está en las legislaciones a favor del derecho a decidir y la despenalización del aborto, donde así como se avanza en legislaciones, siempre hay una contrapropuesta que disminuye días, restringe condiciones, cualquier cosa.

Se ha visto en las iniciativas que promueven el matrimonio igualitario, en las que garantizan el derecho a decidir y en los lentos y parsimoniosos avances en derechos laborales.

Solo por citar un ejemplo: en septiembre de este año, el Congreso de Aguascalientes aprobó una iniciativa que reduce de 12 a 6 semanas el tiempo de gestación permitido para llevar a cabo la interrupción de manera legal.

Esto fue solo un año después de que se aprobara la despenalización del aborto. Es decir, se logró la garantía de un derecho, pero sus márgenes se redujeron en menos de 13 meses, demasiado pronto.

Además de que en el caso del derecho a decidir sobre el cuerpo de las mujeres, siempre tenemos el recordatorio constante de que una composición distinta en los órganos de justicia y el equilibrio se rompe, como fue el caso de Estados Unidos y toda la cadena de sucesos después de Roe vs. Wade y las consecuencias que viven ahora algunas mujeres en diversos estados por la imposibilidad de interrumpir sus embarazos de manera legal y segura.

En la columna pasada, remarqué la relevancia de mantener el trabajo que se hace por la defensa de los derechos de los grupos vulnerables. La necesidad de tener ese mantenimiento porque son accesos que se han logrado con una pelea tanto en las calles como en la legislación.

Es por eso que las modificaciones que se propusieron en el Senado de la República por la bancada de Morena me parecieron de mucho riesgo. Sin importar que fueran modificadas horas después.

Primero porque el solo planteamiento fue una provocación. Seguido de que los argumentos al presentarla es que lo único que se buscaba era resguardar la reforma judicial que se había propuesto.

Y aquí la duda genuina: ¿Cuánto podemos poner en riesgo la protección de los derechos? Hasta qué punto la mayoría legislativa puede quitar candados para obligar a respetar los derechos.

Algunos abogados anotaron que la oposición a la propuesta era hecha más por abogados y académicos que por los legisladores de oposición que durante el debate en comisiones reclamaron incluso que no están muy al tanto de cuándo se cita a las sesiones.

Creo que lo que existe en la ley que refuerza derechos no puede ser modificado para afianzar una reforma que ha tenido vicios y que más que un aire artificial requiere tiempo para plantearse con todos los argumentos claros. No se puede pelear un sistema de justicia debilitando derechos.

 

     @Micmoya