“La Suprema Corte tiene el deber, la obligación y la facultad de revisar las leyes que emite el Congreso, que no se diga absurdamente que se está legislando desde la Corte, esa es la labor fundamental”.
Así respondió el ministro Luis María Aguilar al señalamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum de que el Supremo Mexicano buscaba “legislar” al intentar declarar inconstitucional parte de la reforma judicial.
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Lo anterior, tras recibir el Premio José Pagés Llergo 2024 por su trabajo en el Poder Judicial, y a una semana de dejar su sitio en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ocupó por 15 años.
En su discurso, Aguilar Morales respondió, 16 días después, a los cuestionamientos de la titular del Ejecutivo, con respecto al proyecto del ministro González Carraná que buscaba invalidar parte del llamado Plan C, en lo referente a la elección de jueces y magistrados, y la creación de la figura de los “jueces sin rostro”.
Desde la Mañanera del 4 de noviembre, un día antes de que el Pleno analizara y desechara el proyecto, Sheinbaum Pardo cuestionó:
“Lo que quiere hacer ahora la Corte es legislar, cambiar lo que ya es una resolución del constituyente. La Corte se está sobrepasando sobre sus funciones”.
Ese día, la mandataria mexicana señaló que los integrantes del Supremo Mexicano intentaban provocar un “problema constitucional” ya que:
“De pronto con 8 ministros quieren cambiar lo que decidió el pueblo de México, el Constituyente”.
Ante esto, el ministro Aguilar Morales subrayó que la facultad de la SCJN de revisar las leyes emanadas, esta se puede ejercer en “casos excepcionales” como el actual en el cual:
“Se está destruyendo al Poder Judicial de la Federación. Vale la pena aceptar la competencia y estudiar estas propuestas (…) la destrucción del Poder Judicial amerita que la Corte se hiciera cargo de esta fundamental tarea”.
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Los dichos del integrante de la Corte se dan luego de que el Pleno desestimará el 5 de noviembre el proyecto presentado por el ministro Carrancá por una mayoría de 8 votos, pese a que, en un momento, la ministra presidenta, Norma Piña, quiso aprobar el proyecto con sólo 6 votos, cuando la Ley actual pide un mínimo de 8 de 11.
CSAS