Con la aprobación de las leyes secundarias a la reforma judicial, el partido del gobierno terminó de colonizar al Poder Judicial, cuya independencia estará en duda permanente.

 

La mayoría morenista y sus rémoras aprobaron, sin contratiempos, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Carrera Judicial y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, todas secundarias a la reforma judicial.

 

Entre los cambios más notables destaca la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), que será sustituido por un Tribunal de Disciplina Judicial y un Órgano de Administración Judicial.

 

El Tribunal podrá sancionar a los jueces, magistrados y ministros que a su juicio, incumplan alguna de las leyes anteriores sin que su resolución pueda ser atacada por ningún otro poder o mecanismo.

 

“La Santa Inquisición’’, le llamó el panista Ricardo Anaya.

 

Serán cinco los sumos sacerdotes del Poder Judicial los que decidirán quién se porta bien o mal.

 

El problema es que esos cinco resultarán designados en la elección de junio próximo, proceso que, valga decirlo, está en manos de un comité integrado por alfiles de Morena, que serán quienes decidan los nombres de los candidatos que figurarán en la boleta electoral en junio del 2025.

 

Es decir, todo el proceso estará controlado por morenistas declarados o filo morenistas, lo que desde ya pone en entredicho las declaraciones de que será “el pueblo bueno y sabio’’ quién designe a los próximos juzgadores del bienestar.

 

También se oficializa la reducción, de 11 a 9, de los integrantes de la Suprema Corte, un cambio meramente estético, pues la desaparición de los salarios y prestaciones de dos ministros tendrá un impacto ínfimo en el presupuesto del     Poder Judicial del bienestar.

 

¿Y la autonomía? ¿Qué es eso?

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Si realmente se quisiera modernizar el acceso de la justicia para los mexicanos, el gobierno y su partido deberían haber comenzado con las fiscalías, pues ahí ocurre el primer contacto del ciudadano con el aparato de (in)justicia.

 

Aprobada desde septiembre la reforma judicial, ya era hora de que Morena tuviera preparado el segundo paso (que debió ser el primero) referente a la sacudida en las fiscalías estatales y la federal.

 

Mucho se critica a los jueces por soltar presuntos delincuentes, pero rara ocasión se hace referencia a la mala sustentación de la carpeta de investigación, ya sea por negligencia o pura corrupción, lo que determina que un juzgador deje en libertad a un acusado.

 

No es que no haya corrupción en el Poder Judicial, pero no es el único sector que se ha beneficiado de una reglamentación tan laxa que ha permitido a fiscales y ministerios públicos vivir como emires.

 

¿Las fiscalías para cuándo?

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El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, aclaró que Omar García Harfuch no les solicitó colaboración, sino “información’’, que ya le dieron.

 

No se sabe si fue queja, reclamo o simple información, pero el secretario Mérida debería preguntarse el por qué García Harfuch solo se entiende con la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional.

 

¿Quién sabe por qué, verdad? ¿Verdad?

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Enrique de la Madrid anunció su renuncia a la militancia priista para buscar “nuevos foros’’, desde dónde pueda aportar al análisis de la situación del país.

 

Al menos eso fue lo que dijo.

 

Y si bien el hijo del expresidente Miguel de la Madrid es considerado un estudioso de los fenómenos sociales, su decisión no afecta ni beneficia al tricolor pues, como dijo un viejo militante, solo eran él y su sombra.

 

     @adriantrejo