El reciente Paquete Económico propuesto por el gobierno del estado de Chihuahua ha desatado un debate que trasciende las cifras y los porcentajes; ya que entre las medidas propuestas se encuentra un nuevo impuesto del 1.5% sobre las comisiones cobradas por las plataformas digitales de reparto, un modelo tributario que se presenta como aprovechamiento, pero que lleva consigo implicaciones económicas, legales y sociales de largo alcance.

El gobierno argumenta que esta medida busca alcanzar una mayor equidad fiscal. No obstante, al replicar un esquema  similar al aplicado en 2021 en la Ciudad de México —y posteriormente declarado inconstitucional—, plantea serias dudas sobre su viabilidad, pues su diseño no sólo resulta discriminatorio, sino que también evidencia una política contraria a los principios constitucionales.

De entrada, el tributo discrimina de manera evidente a las PyMEs, que dependen de las plataformas digitales para competir en igualdad de condiciones con las grandes corporaciones. Las grandes cadenas tienen la capacidad de operar sus propios servicios de reparto, mientras que las PyMEs no sólo enfrentan costos adicionales, sino que ven amenazada su capacidad de supervivencia. Por lo que esta medida amplifica las desigualdades y genera una desventaja estructural en un sector ya afectado por las presiones económicas de los últimos años.

Además, el impacto negativo se extiende a toda la cadena de valor: los repartidores ven reducidas sus ganancias, los restaurantes enfrentan mayores costos de operación, y los consumidores pagan precios más altos por un servicio esencial en la economía digital moderna. De modo que en un entorno marcado por altos niveles de inflación, esta medida no sólo encarece los productos, sino que también disminuye la competitividad del Estado y desincentiva la innovación.

Tampoco puede ignorarse la dimensión internacional del problema. Gravar la economía digital con este tipo de impuestos contradice compromisos asumidos por México en el marco de la OCDE y acuerdos internacionales como el T-MEC, que buscan promover un entorno fiscal favorable para el comercio electrónico. Por lo que ignorar estas disposiciones no sólo erosiona la confianza en el país como un lugar para la inversión, sino que podría generar sanciones y restricciones comerciales.

No cabe duda que a primera vista, la medida podría parecer un intento legítimo de fortalecer las finanzas públicas. Sin embargo, su diseño revela graves problemas de fondo que la convierten en un tributo no sólo ineficiente, sino también discriminatorio e inconstitucional. No se trata de una mera cuestión fiscal, sino una cuestión de justicia económica y de equilibrio competitivo.

Me parece que en un contexto donde es fundamental impulsar la competitividad, el imponer gravámenes que encarezcan los servicios y limiten oportunidades, resulta contraproducente. Hoy en día, se deben priorizar políticas públicas que promuevan el desarrollo económico sostenible, sin comprometer el acceso a herramientas digitales que han demostrado ser esenciales para la inclusión y el crecimiento.

 

Consultor y profesor universitario

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