Durante el sexenio del presidente López Obrador se advirtió que el ejercicio del poder de fuerza del Estado contra el crimen organizado era contraproducente y había desatado una sangrienta guerra criminal durante los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto por la respuesta violenta de los grupos delictivos.
Tanto se dijo que el modelo de “abrazos, no balazos” había sido incapaz de contener a las bandas delictivas que se pidió de manera recurrente el regreso a la aplicación enérgica de la autoridad.
La crisis de violencia criminal en Sinaloa es el primer indicio de que la aplicación de la fuerza del Estado estaría enfrentando la reacción del crimen organizado a la persecución contra jefes delictivos.
Responder con violencia criminal a la violencia natural del Estado parece estar iniciando una nueva espiral de balazos en calles de muchas de las ciudades de la República.
Las minas contra fuerzas militares y los ataques contra agentes de investigación de la Secretaría federal de Seguridad y Protección Ciudadana podrían estar indicando que los delincuentes no van a entregar las armas ni temerán que los acusen con sus abuelitas, sino que responderán con el único lenguaje que conocen: las balas.
La estrategia de seguridad del Gobierno de la presidenta Sheinbaum pareció perfilar en un principio el camino mixto de no provocar con la violencia del Estado a la violencia criminal, pero al mismo tiempo comenzar con la persecución y arresto de los dirigentes de las bandas delictivas.
Lo de Sinaloa también ha sido producto de la imprudencia de Estados Unidos con el acto de secuestrar a El Mayo Zambada, jefe encargado del Cártel de Sinaloa, provocar la ruptura al interior de sus frágiles alianzas y meter a la entidad en una guerra de narcos.
Cuando se desata la guerra criminal, nadie puede pararla en el corto y el mediano plazo.
Zona Zero
- Enero comenzará con el registro simbólico de los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Sheinbaum y el tema más importante que tiene a la sociedad a la expectativa es el de la inseguridad pública, no sólo por razones de violencia delictiva, sino porque los delitos son del fuero común y los mandatarios estatales y municipales parece que decidieron no responder a la recriminación presidencial de que nada están haciendo con sus cuerpos de seguridad para profesionalizarlos en sus labores indispensables.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh