Para blindarse ante acusaciones en el exterior por violaciones graves a los derechos humanos, en menos de dos años, las fuerzas armadas y la Secretaría de Seguridad Pública federal contrataron bufetes de abogados externos para asesorarse y preparar su defensa.

 

Dichos bufetes les recomendaron publicar más de 180 protocolos, manuales y circulares internos para atender a víctimas y para tener procedimientos legales adecuados. También crearon áreas de atención e investigación y propusieron reformas legales, con una sola intención: prevenir su defensa.

 

Y es que ciudadanos mexicanos sólo encontraron una vía para acceder a la justicia en México ante las desapariciones forzadas, los casos de tortura, asesinatos, ataques sexuales y juicios fabricados, que padecían sus familiares, y fue acudir a organismos internacionales. Hoy el Estado enfrenta más de 35 acusaciones por violaciones graves a derechos humanos.

 

Todos estos delitos fueron cometidos en los gobiernos que encabezó el Partido Acción Nacional (PAN), desde 2000 a la fecha. Pero las denuncias se acrecentaron a partir de 2007, cuando el gobierno de Felipe Calderón declaró públicamente la “guerra contra el narcotráfico”.

 

Por el tiempo que llevan estos procedimientos legales internacionales, para ofrecer pruebas y celebrar audiencias, el gobierno mexicano sabía que a finales de 2011 y 2012 se conocerían las acusaciones y debería comparecer para defenderse.

 

Así ocurrió y esas secretarías comenzaron a blindarse.

 

La estrategia

 

Fuentes del propio gobierno, consultadas por este diario, reconocieron que los abogados contratados recomendaron el año pasado a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Seguridad Pública federal, de la Defensa Nacional y la Marina, que implementaran mecanismos internos para que les sirvieran, cuando fuera necesario, como pruebas ante estos organismos internacionales sobre cómo estaban trabajando para impedir la violación de los Derechos Humanos de los ciudadanos e investigaban cada caso denunciado.

 

Uno de los más notorios cambios que se implementó desde el presidente Felipe Calderón y que se obligó a seguir a todo su gabinete, fue modificar la frase de “guerra contra el narcotráfico” a “lucha o batalla contra el narcotráfico”-

 

Lo anterior no sólo fue un cambio de lenguaje, precisaron las fuentes, sino sirve para impedir que en la legislación internacional se interprete que existió una verdadera declaración de guerra y, por tanto, debían aplicarse los convenios internacionales que no sólo ofrecen garantías, sino también obligaciones y sanciones a funcionarios que los incumplen, quienes pierden inmunidad y pueden ser sometidos a juicio.

 

Después, se fueron publicando protocolos, circulares y manuales de operación que, en muchas ocasiones, ha quedado en evidencia que no los cumplen ni se conocen por parte de sus funcionarios, como ha ocurrido en casos de enfrentamientos, en el caso del ataque de Policías Federales contra funcionarios de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos) o el abatimiento del narcotraficante Heriberto Lazcano y luego la desaparición de su cuerpo, por mencionar los casos más recientes.

 

También propusieron reformas y leyes que no terminan por aplicarse, como el caso de las reformas constitucionales vinculadas a los derechos humanos, porque ha pasado más de un año y no se han elaborado sus leyes reglamentarias.

 

En el mismo sentido, en PGR, por ejemplo, se mantienen fiscalías como la de Libertad de Expresión, la de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas que no tienen recursos económicos y humanos suficientes y la legislación las limita para investigar.

 

Mea culpa

 

El gobierno también comenzó a llevar a cabo ceremonias formales, hasta ahora cinco, en las que han participado el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, y recientemente la procuradora Marisela Morales, para ofrecer perdón por parte del Estado mexicano a familiares de víctimas de personas desaparecidas o asesinadas por parte de funcionarios públicos, pero en ninguno de esos expedientes los responsables han sido castigados.

 

“Todo es para aparentar que se está haciendo algo, que tienen manuales, acuerdos, circulares o protocolos para llevar esos papeles a la Comisión (Interamericana) y decir que el gobierno sí está haciendo cosas, aunque no se implementen”.

 

“También hacen las ceremonias de disculpas, para ofrecerlas como prueba de que sí hay voluntad y se están atendiendo los caso. Así ganan tiempo y prolongan el caso y apuestan al olvido”, sostuvo un ex funcionario de Gobernación.

 

Este fue el blindaje legal que han pretendido establecer dese el gobierno y que se diseñó con la autorización del presidente Felipe Calderón, para ofrecer como pruebas ante los organismos internacionales acciones que, aparentemente, estuvieran atendiendo a familiares víctimas de violaciones a sus Derechos Humanos.

 

Sin embargo, los expedientes de esas violaciones a los derechos fundamentales de los ciudadanos no han sido consignados y los responsables no están siendo sometidos a juicios ni mucho menos sentenciados.

 

Esto ocurre en los casos presentados ante organismos internacionales y también ni siquiera las 81 Recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en las que integrantes de la SEDENA, Marina, Policía Federal y de PGR participaron en desapariciones forzadas, homicidios y tortura de ciudadanos inocentes, y no han sido castigados.