En los últimos 26 meses, la PGR publicó 168 “protocolos de actuación” con la intención, sostienen, de establecer métodos científicos de actuación en todas las fases de la investigación.
Por su parte, las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional (SEDENA) crearon direcciones de Derechos Humanos dentro de sus dependencias, para generar políticas internas, en ambos caso, por ejemplo, se implementó el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
En la Marina se creó un Manual de Derechos Humanos que debe seguir su personal y la SEDENA no proporcionó información al ser consultada, tampoco su página de Internet ofrece detalles.
Aunque los funcionarios de primer nivel de la PGR aseguran que eso ha corregido actuaciones irregulares, investigadores y personal operativo entrevistado por este diario reconocieron que esos protocolos no se llevan a la práctica, porque algunos han cambiado constantemente, además existe falta de voluntad institucional, de recursos, de entrenamiento y capacitación.
“Todos sabemos que se apresuraron a sacar muchas circulares, manuales y protocolos porque tenían encima las denuncias en la Comisión Interamericana, por eso no todos se aplican, porque ni se ha dado tiempo de ponerlos en práctica ni de cambiar la visión institucional para que realmente se apliquen, te piden que resuelvas como puedas la averiguación (previa) y no importa cómo”, sostuvo un investigador ministerial entrevistado y que pidió omitir su nombre.
La importancia de estos documentos ofrecidos como prueba ante los organismos internacionales es mostrar que sí se han implementado medidas para corregir desviaciones y prevenir que se cometan más, aunque en la realidad no se estén implementando.
De acuerdo con esos protocolos, manuales y circulares, los funcionarios deben seguir un método de actuación en los operativos, detenciones, declaraciones y traslados de detenidos. En el caso de la PGR también se incluyen para solicitudes de arraigo o de intervención telefónica, levantamiento y preservación de evidencias, integración de la averiguación, órdenes de presentación, entre otros, deberán realizarse siguiendo la mecánica ya preestablecida y sin excepciones.
Por su parte, en entrevista, el responsable y cabeza del equipo que diseñó e estos protocolos, Juan Carlos Díaz Villavicencio, reveló que durante el trabajo con los servidores públicos de la Procuraduría, se pudo confirmar que su rutina de trabajo se había sustentado siempre en la experiencia empírica, tomando decisiones discrecionales y sin ninguna guía.
“En palabras del propio personal sustantivo de la PGR los Protocolos significan un cambio de paradigmas, ¿en qué sentido? Bueno, en primer lugar, anteriormente el Ministerio Público decidía por sí solo cuál era la estrategia que se iba a seguir en la investigación y además lo decidía de una manera empírica, no explícita”, indicó el especialista.
Sin embargo, el funcionario no mencionó que por lo menos 30 protocolos de investigación y operaciones fueron implementados desde 1993, cuando Jorge Carpizo era titular de la PGR, posteriormente se modernizaron con Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo, procuradores también entre 1994 y 2000.
Díaz Villavicencio sostuvo que un total de 196 personas, entre ingenieros, informáticos, administradores, metodólogos, y expertos de las diversas áreas de la PGR, conformaron el equipo que desde el 2009 se abocó a la elaboración de los protocolos. El resultado de dicho trabajo fueron los 168 protocolos.