Ante la elección de los ministros y magistrados del Poder Judicial, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Teresita de Jesús Herrera Maldonado, presentó una reforma al Código Penal Electoral de Michoacán para evitar que los partidos políticos, servidores públicos y grupos de poder intervengan en el proceso.
La propuesta fue turnada a la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana, la cual busca establecer sanciones y facultar al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) para investigar posibles irregularidades y garantizar la contienda.
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Por su parte, Herrera Maldonado advirtió que el riesgo de intervención es alto, pues este proceso prescindirá de los partidos políticos como intermediarios en la postulación de candidaturas. Según ella, esta situación abre un vacío normativo que diversos actores, incluidos funcionarios públicos y grupos de poder, podrían explotar.
¿QUÉ PROPONE?
La iniciativa propone cerrar brechas y garantizar que la contienda se realice con reglas claras y con mecanismos de sanción para quienes intenten influir en los resultados de manera ilegal.
La iniciativa plantea modificaciones a los artículos 230 y 254 del Código Electoral de Michoacán para establecer prohibiciones específicas a distintos actores políticos y sociales.
La funcionaria detalló que entre los cambios, se incluyen que a los partidos políticos y agrupaciones políticas estatales: Se les prohíbe intervenir en el proceso electoral de jueces y magistrados, para evitar así que ejerzan influencia sobre los aspirantes o el electorado.
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Además, aspirantes, precandidatos y candidatos: Se establece como infracción el uso de recursos públicos, el acceso privilegiado a medios de comunicación o cualquier otra acción que genere ventajas indebidas en la contienda.
Por otra parte, autoridades y servidores públicos: Se les restringe de realizar actos de proselitismo o influir en la elección, con sanciones para quienes infrinjan la norma.
Mientras que para los religiosos: Se les impide inducir el voto o realizar aportaciones económicas a los aspirantes.
Además, se replantea el Procedimiento Especial Sancionador, para que el Instituto Electoral de Michoacán pueda investigar cualquier denuncia sobre injerencia indebida y, en su caso, remitir al Tribunal Electoral michoacano para la aplicación de sanciones.
UN ANTECEDENTE
La diputada panista argumenta que esta reforma es una extensión lógica del Procedimiento Especial Sancionador, una herramienta creada tras la reforma electoral de 2007 para agilizar la investigación de irregularidades en procesos electorales.
Herrera Maldonado señala que la elección de jueces por voto popular ya ha generado divisiones en la esfera política y jurídica, con sectores que advierten sobre los riesgos de politización del Poder Judicial.
LO QUE VIENE
La discusión de esta reforma será clave en los próximos meses, en un contexto donde la autonomía del Poder Judicial y su independencia frente a presiones externas se han convertido en un tema central en la agenda política de Michoacán.
