El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó un protocolo para detectar focos rojos de seguridad en la elección judicial, en especial para organizar los comicios en zonas de incidencia y disputas entre grupos del crimen organizado y conflicto social.
“Se tiene como objetivo de guiar las actividades institucionales para establecer las bases de cooperación interinstitucional con las autoridades de seguridad pública para salvaguardar la integridad física de las personas servidoras públicas del INE, de las personas funcionarias de mesas directivas de casillas, observadoras electorales, electoras en situaciones de riesgo, así como de las personas candidatas a juzgadoras participantes”, indica el documento.
El documento señala que se debe buscar “establecer la coordinación y colaboración con las autoridades e instituciones coadyuvantes con competencia en temas de seguridad pública del ámbito federal y local, para garantizar la integridad física de las personas servidoras públicas, ciudadanía y personas candidatas a juzgadoras”.
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Así será protocolo de seguridad del INE para Elección Judicial
Dicho protocolo brinda una “guía de actuación a los órganos centrales y desconcentrados del Instituto ante situaciones de riesgo que afecten el desarrollo de las elecciones”.
“El INE o los Oples podrán solicitar a las autoridades de gobierno en materia de seguridad, información referente a las entidades o los municipios que, por diferentes causas, representaron, representan o podrían representar situaciones de riesgo durante todas las etapas, hasta la conclusión del proceso electoral correspondiente, así como las recomendaciones que estimen necesarias para la toma de medidas y acciones necesarias por parte de las autoridades electorales”.
Las autoridades de Seguridad “identificarán las entidades, los distritos electorales federales, locales y/o los municipios, que por diferentes causas representaron, representan o podrían representar situaciones de riesgo”.
Entre los focos rojos se consideran “problemas con la presencia de crimen organizado por situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos delictivos que se localicen en un territorio en específico e impidan o afecten la realización de los trabajos en campo necesarios”.
Incidencia de “violencia o delincuencia grave, así como situaciones de situaciones de tensión o conflicto entre distintos grupos sociales que se localicen en un territorio.
La alerta con nivel más alto estará en las “zonas, distritos y municipios donde la problemática requiera de la actuación inmediata y coordinada entre las autoridades del Estado para salvaguardar la seguridad y protección de las personas servidoras públicas, así como de las personas electoras”.
Para los candidatos amenazados y que soliciten protección de las autoridades, el INE aplicará el mismo protocolo que en la elección pasada, se canalizará la solicitud a las autoridades federales para su valoración.
También se someterá a evaluación “la posibilidad de acompañamiento por parte de las autoridades de seguridad pública en las actividades de campo del personal del Instituto y de las figuras capacitadoras”.
