“Sus redes sociales son un espacio que les permite hacer uso de su libertad de expresión, pero también con implicaciones, porque tienen información que puede ser relevante para la sociedad o puede afectarla” Gustavo López,  Especialista
Foto: Especial | “Sus redes sociales son un espacio que les permite hacer uso de su libertad de expresión, pero también con implicaciones, porque tienen información que puede ser relevante para la sociedad o puede afectarla” Gustavo López,  Especialista  

En los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial hay un grupo selecto de altos funcionarios, pertenecientes a la llamada Cuarta Transformación, que mantiene restringidas sus cuentas de X a las críticas de los ciudadanos.

De acuerdo con una revisión de 24 HORAS, en el gabinete federal, el coordinador de asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, Jesús Ramírez Cuevas, y la titular de la Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, tienen una restricción para que no se puedan responder sus publicaciones.

El mismo bloqueo lo tiene la cuenta de Arturo Zaldívar, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y coordinador de Política y Gobierno en la Presidencia de la República, así como Zoé Robledo, titular del Instituto Mexicano del Seguro Social.

En el Legislativo, el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez, y el senador Javier Corral, también tienen bloqueados los comentarios en X. La líder nacional de Morena y extitular de Gobernación, Luisa Alcalde, tiene actualmente la misma restricción.

Bloqueos anteriores

La ministra Lenia Batres también mantiene bloqueados los comentarios en X, y este es el caso más emblemático, porque un ciudadano ganó un amparo para que lo desbloqueará y poder realizarle críticas en esa red social.

Al respecto, Gustavo López, doctor en Ciencia Política de la The New School for Social Research de New York, señaló que los ciudadanos tienen derecho a realizar preguntas y críticas a los funcionarios, por lo que sus redes sociales pierden la privacidad y se convierten en canales oficiales de comunicación.

Indicó que la Ley de Transparencia indica que los servidores públicos deben responder las dudas de los ciudadanos y “aunque hay mecanismos para ello, hay un derecho de petición que, a partir de una pregunta escrita y sin insultos, los funcionarios están obligados a responder”.

EL PRECEDENTE

El año pasado, Martín Adolfo Santos Pérez, titular del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, concedió un amparo a un ciudadano para que la ministra Lenia Batres le permitiera realizar comentarios en su cuenta de X.

La llamada Ministra del Pueblo promovió un recurso de queja ante Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que confirmó el amparo a favor del ciudadano, por lo que emitió un recurso de revisión ante el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, que continúa abierto.

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La ministra alegó que no procedía el amparo porque el ciudadano que la demandaba era anónimo en la red social, por lo que no podría acreditar su personalidad legal, pero el juez señaló que, como parte de su trabajo, los funcionarios deben aguantar las críticas severas e incluso si van acompañadas de insultos.

Otra de las conclusiones es que no se puede tener un criterio generalizado, por lo que cada caso de cuentas de X de funcionarios con los comentarios bloqueados, se debe analizar en particular.

Sin embargo, analizaron que cuando hay un patrón constante de discursos de odio y amenazas, incluso de muerte, contra el servidor público, es válido que lleve a cabo acciones para su protección, como cerrar los comentarios en una red social.

 

Sentencia

El resultado del juicio contra Lenia Batres es el único antecedente legal de un caso de ese tipo, se dio el pasado 17 de julio y se concedió el amparo 827/2024, con el que el juez Martín Alonso Santos indicó que la ministra no utiliza su cuenta de esa red social de manera personal, sino que lo hace para informar de su trabajo en la Corte.

 

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