El Departamento de Justicia de Estados Unidos, encabezado por la fiscal general Pam Bondi, presentó cargos contra el estado de Nueva York por presuntamente obstaculizar los esfuerzos federales para combatir la inmigración ilegal. La medida, dirigida contra autoridades demócratas, se suma a acciones legales recientes contra otras jurisdicciones consideradas "santuario".
"Nueva York eligió priorizar a los migrantes ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se acaba hoy", declaró Bondi en conferencia de prensa.
También te puede interesar: Justicia de Brasil ordena ‘pensión alimenticia’ para mascotas
Acusados más relevantes
La demanda tiene como principales señalados a la gobernadora Kathy Hochul, a la fiscal general Leticia James y a Mark Schroeder, del Departamento de Vehículos Motorizados (DMV). Este último es acusado de implementar una disposición que notifica a los migrantes en situación irregular cuando las agencias federales solicitan su información.
Bondi calificó la práctica de "inconstitucional" y criticó las restricciones impuestas a la policía local, como la prohibición de verificar el estatus migratorio de automovilistas detenidos por infracciones. "Si detienen a alguien y no tienen acceso a sus antecedentes, no tienen idea de con quién están tratando", advirtió.
Ofensiva contra más ciudades santuario, además de Nueva York
La acción legal contra Nueva York ocurre una semana después de una demanda similar contra Chicago e Illinois. Bondi advirtió que otros estados podrían ser los siguientes si no cumplen con la ley federal. "Si eres un estado que no cumple con la ley, te haremos responsable", sentenció.
También te puede interesar: Organizaciones demandan al gobierno de Trump para tener acceso a migrantes trasladados a Guantánamo
En el evento, Bondi cedió la palabra a la madre de una joven asesinada por un miembro de la pandilla MS-13, lo que reforzó el discurso de la administración Trump sobre los riesgos de la inmigración irregular. El presidente ha insistido en que los migrantes representan una amenaza para la seguridad nacional, aunque las estadísticas indican que los ciudadanos estadounidenses cometen más delitos per cápita.
