La carta firmada por Ismael El Mayo Zambada para exigirle al Gobierno de México su defensa ante el secuestro que organizó Estados Unidos para trasladarlo ante la justicia americana es, en pocas palabras, un callejón sin salida para el Gobierno de la presidenta Sheinbaum: malo, si no exige el regreso del capo a territorio mexicano, pero peor si lo deja abandonado ante los mecanismos políticos de Washington que estarían desde ahora exprimiéndole información sobre el narco en México.
El Mayo fue detenido en territorio americano el 25 de julio del año pasado junto con Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo, y de inmediato fue acusado de siete cargos, pero entre ellos el más importante: producción y contrabando de fentanilo a EU. La operación de secuestro no pudo haberse dado sin la intervención de las autoridades estadounidenses, porque el hijo de El Chapo apresó a El Mayo y lo subió a un avión rumbo a Estados Unidos.
El temor de El Mayo, de 77 años, es que lo condenen a pena de muerte en EU, un hecho que legalmente podría darse porque su arresto no fue producto del tratado de extradición entre México y Estados Unidos y la condicional de que no se pueden aplicar penas en un país que no estén legalizadas en otro. Si El Mayo no es regresado a México y sometido a un proceso de extradición, las autoridades judiciales americanas tienen todo el derecho de pedir la pena capital.
La carta del abogado Juan Pablo Penilla Rodríguez que firmó El Mayo es todo un ensayo jurídico sobre el caso concreto del médico Humberto Álvarez Machain, secuestrado arbitrariamente por la DEA en territorio mexicano y llevado ante las autoridades estadounidenses por su presunta responsabilidad en la tortura y asesinato del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar en 1985. Ante la exigencia jurídica, EU tuvo que liberarlo.
El Mayo vale por lo que sabe, no por lo que hizo.
Zona Zero
- El fin de semana circularon fotos y versiones de que Juan Pablo Penilla Rodríguez, abogado de El Mayo, había sido asesor jurídico de Morena. Pero en términos legales, ése no es ningún problema: los abogados toman la decisión de defender a presuntos culpables o presuntos inocentes en términos del derecho, sin que implique ninguna complicidad. La prisa torpe de la 4T para deslindarse sólo alimentó el sospechosismo en este caso que tiene alto contenido político.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh
