México cayó, nuevamente, en el proceso de certificación que hacía anualmente, hace no muchos años, el Gobierno de Estados Unidos para aprobar la asistencia que le brindaba al país en materia de seguridad.

 

Muchos no lo recordarán, pero hace unos años México estaba sujeto a una certificación del Gobierno estadounidense, cada año, en la que su gobierno determinaba si el nuestro había hecho o no la tarea en materia de seguridad.

 

Esa deshonrosa certificación, equivalente a una carta de buena conducta, ha cambiado su periodicidad.

 

Hasta el momento, ya no es anual sino mensual.

 

Cada mes, a partir de febrero pasado, el Gobierno mexicano tiene que demostrar que cumple con las exigencias, cada vez más graves, del presidente Donald Trump, quien desde su trono determina unilateralmente si nos concede otra prórroga de 30 días, para no dejar caer la cuchilla de los aranceles a la exportaciones nacionales.

 

Después de la primera prórroga, el Gobierno mexicano ha acelerado las negociaciones con diversos funcionarios estadounidenses y, con el propio Trump en llamadas con la presidenta Sheinbaum.

 

La semana pasada estuvo en Washington Omar García Harfuch y ayer el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

 

Obviamente, al Gobierno mexicano le urge sacudirse la amenaza de los aranceles unilaterales, violatorios del T-MEC, pero hasta el momento parece confiar más en la buena voluntad de Trump que en los mecanismos internacionales que dispone para defender el comercio nacional.

 

El nuevo plazo para que Trump conceda una prórroga o una carta de buena conducta mensual vence el 2 de abril próximo.

 

Sheinbaum dijo que confía en que Trump respete el T-MEC, cuya revisión debe ocurrir el próximo año, pero con el empresario se puede esperar cualquier escenario.

 

Como sea, estamos nuevamente en el peso que implica limpiar la casa, a ver si cuando llegue la suegra le parece suficiente.

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Quienes se mostraron desencantados por la explicación que dio la presidenta Claudia Sheinbaum al desdén que le hicieron (haiga sido como haiga sido) dn la cúpula morenista, no la conocen.

 

La Presidenta dijo que se trató de “una distracción’’ y aparentemente ahí cerró el capítulo.

 

Claro, ni modo que anduviera lanzando amenazas en cadena nacional.

 

Pero quienes la conocen, saben que el dañar su imagen no solo en México sino en el extranjero, tendrá un costo.

 

Solo es cuestión de tiempo.

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Para sorpresa de propios y extraños, la expresidenta municipal de Tijuana, Montserrat Caballero, que había sido expulsada de Morena, se reafilió al partido, con intenciones claras de competir, o por la gubernatura o nuevamente por la alcaldía de la ciudad fronteriza.

 

Caballero buscó la reelección en las elecciones anteriores, pero la gobernadora Marina del Pilar le cerró el paso de fea forma.

 

Eso provocó que Caballero tratara de boicotear la campaña de quien resultó seleccionado, el actual presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz. La expresidenta municipal fue sancionada por el partido, pero en días pasados estuvo en la CDMX, en donde la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena la acreditó como militante del partido.

 

Con el papelito en la mano, se espera que Caballero regrese a la actividad política y muy seguramente para disputarle la candidatura a la senadora Julieta Ramírez Padilla.

 

Aunque falta más de un año para la definición de las candidaturas a gobernador en el 2027, las cosas y causas se están calentando.

 

Y no es por el clima.

 

     @adriantrejo

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