La corrupción y la ineptitud de servidores públicos de todos los niveles, así como el miedo a las amenazas del crimen organizado, permiten la existencia de lugares como el campo de exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco, cuyas imágenes estremecieron a gran parte del país. Lo lamentable es que las autoridades solo reaccionaron ante el impacto de la noticia.
El hallazgo de este centro de un grupo criminal en el estado pone sobre la mesa un tema que, al menos desde 2017, es de total conocimiento de las autoridades de los tres niveles: los grupos delincuenciales ganan terreno y engrosan sus filas a través del reclutamiento forzado de jóvenes.
Desde septiembre de 2024 ya había sido noticia la desaparición de jóvenes de la central de autobuses de Guadalajara, y una de las líneas de investigación es que posiblemente eran secuestrados para reclutarlos por la fuerza para el crimen; y nadie facultado legalmente para investigar o preguntar sobre el caso hizo nada, ahora que ha estallado el escándalo, las autoridades comienzan a verse unas a otras y a pasarse la bolita.
El exgobernador Enrique Alfaro, el fiscal de Jalisco, el jefe de la zona militar a la que le toca ese municipio, y el aparato de inteligencia de Seguridad Nacional, si es que existe, que debieron reportar esa información para no dejar a la población en manos de posibles funcionarios locales ineptos y corruptos, sobre todo en una zona dominada por el crimen organizado que no puede ser atendida con autoridades del fuero común, no respondieron a la altura. Hay una cadena de omisiones que deben sancionarse y no sólo echarse la culpa.
Las autoridades federales tienen identificado un corredor entre Guadalajara y Puerto Vallarta, particularmente los municipios de Tala, Ameca y Teuchitlán, que son territorios que controla el Cártel Jalisco Nueva Generación, según los propios documentos de las Fuerzas Armadas expuestos durante el hackeo del colectivo Guacamaya. La mencionada organización delictiva tiene presencia en los 125 municipios de la entidad, ya sea de manera directa o a través de alianzas con células criminales locales.
Por ejemplo, según los reportes internos del gabinete de seguridad, el CJNG mantiene una alianza con Los Cuinis, cuyas operaciones se centran en municipios como Zapopan, Guadalajara y Tapalpa.
En Jalisco también se registra presencia del llamado Cártel Nueva Plaza, mismo que opera en municipios como El Salto, Tlaquepaque, Chapala, Juanacatlán, Tonalá, Poncitlán y Tlajomulco de Zúñiga. Adicionalmente, se registra presencia del grupo conocido como Los Herederos; una extensión del Cártel de Sinaloa; específicamente de la facción alineada con Los Chapitos. La citada agrupación ha encontrado cobijo en la zona de Los Altos Norte.
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Elecciones judiciales, balanza inclinada
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@chimalhuacano
