En medio del escándalo por la muerte de Heriberto Lazcano, “El Lazca” y mientras Humberto Moreira se preparaba para denunciar que el capo operaba “pocitos” y que los cárteles habían infectado la minería nacional, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social habría “liquidado” del padrón de proveedores del carbón a 36 mineras… “resucitando” a 30 de ellas en sólo 3 días hábiles.
Fuentes del Gobierno Estatal explicaron que el pasado 10 de octubre la dependencia federal simplemente instruyó a la Prodemi a que suspendiera el contrato de micro, pequeños y medianos productores por “incumplimiento de la normatividad laboral”.
Uno de los informantes aseguró que tan sólo cinco días después -dos de los cuales fueron fin de semana-, el lunes 15, llegó otra instrucción: deberían levantar el veto a 30 de los sancionados, aunque no se dio explicación alguna del procedimiento.
Este episodio inició tan sólo un día después de que el exgobernador Moreira declaró el 9 de octubre a VANGUARDIA que había empresarios de Coahuila financiando al crimen organizado… y se preparaba para revelar que algunos de ellos operaban en la extracción de carbón, como Lazcano, abatido por la Marina el 7 de octubre, de quien incluso afirmó que operaba dos “pocitos” cerca del municipio de Progreso.
Sobre el motivo del veto y posterior “resucitación” de los 30 productores, ayer en la Delegación de la STPS no se pudo obtener información, pues al trascender que el delegado Manuel de Jesús Hernández Rocha había sido cesado, en las oficinas confirmaron que dejó el cargo, pero no dieron detalle alguno.
‘Purgan’ con contrato
Por otra parte, el Gobierno del Estado, mediante Prodemi, aplicará lo que considera una verdadera purga en el padrón de proveedores al incluir en el contrato requisitos con los que busca cerrar el paso al crimen organizado.
Entre los nuevos requisitos están la entrega de copias certificadas del contrato de exploración y explotación; demostrar que el volumen de abasto concuerde con su capacidad de producción; contar con permisos ambientales; tener permisos de Sedena para uso de explosivos; tener registrados a los trabajadores en el IMSS y no contratar a menores.
Y aunque el Anexo 6 al contrato, ya validado por la CFE, fue generado por el Gobierno coahuilense, serán las autoridades federales a quienes corresponda certificar la viabilidad para que estos productores puedan inscribirse.
Coahuila produce 15 millones de toneladas de carbón al año que compra la CFE; 3.3 millones de toneladas son las comercializadas por medio de la Prodemi y corresponden a micro, pequeños y medianos productores. Entre éstos, muchos extraen en “pocitos”… donde se presume que participa el crimen organizado.
Reforma Laboral en ‘segunda temporada’
Ayer, por segunda ocasión el Congreso de la Unión dictaminó la Reforma Laboral y la envió de nuevo al Senado de la República para su validación… y aunque hubo ajustes a la primera versión, la prohibición de los “pocitos” de carbón fue excluida del documento.
En su “primera temporada” en la Cámara de Diputados, la propuesta original contemplaba esta prohibición, misma que fue aceptada por todas las bancadas y votada en paquete, pero luego el artículo que la incluía fue mutilado del documento final enviado por primera vez al Senado.
Aunque hasta ahora se ha preocupado por denunciar la alteración de un dictamen legislativo tan importante y ha habido señalamientos de culpa, la diputada federal por Coahuila, Esther Quintana adelantó que la bancada panista alista un punto de acuerdo para que se reinstale esta prohibición.
Tras afirmar que la mutilación fue obra de los priístas “que obedecen a intereses de los empresarios”, también señaló que presentará una denuncia por la alteración del documento.
El miércoles, el secretario de Economía, Bruno Ferrari, recriminó a los diputados federales que se haya eliminado de la Reforma Laboral la prohibición de los pocitos y exigió corregir la situación.
Ayer, el gobernador Rubén Moreira, señaló que los “pocitos” deben desaparecer. Periódico Vanguardia