Con 23 votos a favor, cero en contra y cinco abstenciones, el Tercer Consejo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM) pidió formalmente al Gobierno capitalino la recuperación y resguardo de todos los planteles y sedes de la institución hasta la solución del conflicto ocasionado por los paristas.

 

Durante una larga discusión realizada en Casa Talavera, en el Centro Histórico, los consejeros llegaron a esa decisión incluso cuando la rectora Esther Orozco habló contra este camino.

 

La rectora de la UACM había llamado a los consejeros a realizar una consulta para tal fin y aferrarse “a nuestras armas: la no violencia, el diálogo, la normatividad y la legalidad”.

 

Sin embargo se impuso la decisión de la mayoría de los consejeros que consideró, como en el caso de Eduardo Rojo, que la petición no viola la autonomía y se tiene la obligación de cuidar por las instalaciones e integridad personal de sus miembros.

 

El consejero advirtió que no esperaban a que hubiera algún herido o incluso un muerto para tomar la decisión.

 

Hubo casos como el de la consejera Alma Villalobos, quien dijo que ayer fue atacada por un grupo de personas encapuchadas que irrumpieron en las instalaciones de Eugenia, en la colonia del Valle, con palos y tubos y rompieron la puerta con machetes.

 

Detalló que el diálogo es inexistente para los paristas, por lo que es preciso pedir la intervención del Gobierno del Distrito Federal.

 

Villalobos especificó que las patrullas que estuvieron ayer afuera de las instalaciones del edificio de Eugenia no le pudieron ayudar, ya sea porque consideraron que no tenían suficientes refuerzos o argumentaron que nadie les había dado una orden en ese sentido.

 

A su vez, el consejero Miguel Ángel González dijo que el hecho de que la universidad sea autónoma no significa que esté dentro de un Estado y que esté obligado a salvaguardar los derechos.

 

Con la votación mencionada dará lugar a la redacción del documento que hoy mismo se entregará oficialmente al gobierno capitalino, indicó.

 

Otro punto fue la exigencia a las comisiones correspondientes del Consejo Universitario (CU) para entregar a la brevedad las carpetas en las que trabajan que contienen nombres y apellidos de estudiantes y académicos que han dañado a la institución que incluso cayeron en acciones delincuenciales para resentar las denuncias correspondientes.