Los gobiernos de México, Costa Rica, Honduras y Belice expresaron hoy la necesidad de combatir el crimen organizado transnacional y alertaron sobre el posible impacto que puede causar la legalización del consumo de marihuana.

 

El compromiso está recogido en una declaración conjunta firmada por los presidentes de México, Felipe Calderón; de Honduras, Porfirio Lobo; de Costa Rica, Laura Chinchilla, y por el primer ministro de Belice, Dean Barrow.

 

Subrayaron la importancia de analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud por permitir la producción, consumo y distribución legal de marihuana, “lo cual constituye un cambio paradigmático por parte de tales entidades, respecto del régimen internacional vigente”.

 

La reunión, en principio, estaba anunciada sólo entre Chinchilla y Calderón, pero sólo horas antes de celebrarse se supo que se habían unido a ella los gobernantes de Honduras y de Belice.

 

El documento que fue leído después de la reunión por Calderón, en la residencia presidencial de Los Pinos, dice que es deber de los Estados “fortalecer la cooperación internacional contra la delincuencia organizada transnacional”.

 

Pero también alerta sobre la necesidad de que la comunidad internacional adopte medidas para combatir el tráfico de armas, municiones y explosivos, así como limitar el consumo de drogas.

 

“Mientras no se detenga el flujo de recursos de los consumidores de drogas y de armas hacia las organizaciones delictivas, éstas continuarán amenazando a nuestras sociedades y nuestros gobiernos”, dice la declaración.

 

El jefe del Ejecutivo instó a la comunidad internacional a adoptar medidas adecuadas a fin de combatir la fabricación y el tráfico ilícitos de armas de fuego, municiones y explosivos.

 

La declaración también alerta sobre los peligros que puede representar la despenalización de la producción y el consumo de marihuana, que fue aprobada por voto popular recientemente por los estados estadunidenses de Colorado y Washington.

 

Los cuatro gobernantes “subrayan que resulta necesario analizar a profundidad las implicaciones sociales de políticas públicas y de salud general que se derivan para nuestras naciones de los procesos en marcha a nivel local y estatal en algunos países de nuestro continente para permitir la producción, consumo y distribución legal de marihuana”, dice el texto, sin identificar a los países aludidos.