En el primer semestre del año, se detectaron 253 hechos de violencia política en México, lo que evidenció la persistencia de este fenómeno en el contexto electoral.
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De acuerdo a la consultora Integralia, en términos territoriales, Veracruz concentró el mayor número de casos con 81 incidentes, especialmente en el marco de las elecciones municipales de junio, mientras que Guerrero tuvo 24; Morelos 21 y Oaxaca 20. Registraron altos niveles de violencia a pesar de no contar con procesos electorales.
Durango, que también celebró comicios locales, únicamente reportó un caso, lo que refleja diferencias significativas en la dinámica criminal entre las entidades.
El análisis sugiere que los estados con mayor fragmentación de grupos delictivos, como Veracruz, presentan un riesgo más elevado debido a la disputa por el control territorial, los recursos y las instituciones municipales.
La violencia política se concentró en el nivel municipal, con 79% de los incidentes dirigidos a funcionarios, exfuncionarios, aspirantes o figuras políticas locales, lo que confirma que los grupos criminales priorizan este ámbito como una vía para controlar presupuestos, cuerpos de seguridad y mercados ilícitos.
Impacto de la violencia política en México
Por su parte, Morena fue el partido más afectado con 73 víctimas, seguido del PT con 28 y el PRI 27. Sin embargo, sobresale el hecho de que 69 de las víctimas no tenían afiliación partidista, lo que indica que los ataques no se limitan a una fuerza política en particular, sino que están enfocados en quienes ejercen roles estratégicos en los gobiernos locales.
Los incidentes incluyen 112 homicidios, 74 amenazas, 33 atentados con arma de fuego, 17 secuestros, 11 desapariciones y seis delitos menores como robos, los cuales ocurrieron en 29 de las 32 entidades del país, destacó la consultora Integralia.
El informe reveló que la violencia política refleja un proceso creciente de captura de las instituciones del Estado mexicano, debilitando la capacidad del gobierno para garantizar seguridad y justicia.
Este fenómeno no solo tiene implicaciones para la gobernabilidad y el desarrollo democrático, sino que también genera un entorno adverso para el sector privado.
“Las empresas se ven expuestas a riesgos como extorsión, cobro de derecho de
piso, secuestros y restricciones para operar en determinadas regiones, lo que aumenta los costos de operación y reduce la confianza para invertir en zonas con alta conflictividad”, analizó la consultora.
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En el caso de las elecciones del Poder Judicial, la violencia fue significativamente menor, registrándose únicamente tres amenazas contra candidatos. Esto se atribuye a la baja exposición mediática de los aspirantes y a su limitada capacidad para afectar directamente las operaciones criminales, en contraste con las autoridades municipales, cuyo control resulta más atractivo para las organizaciones delictivas.