La administración Trump elevó su ofensiva contra los llamados “lugares santuario”, al divulgar una lista de 35 jurisdicciones que, según el Departamento de Justicia (DOJ), interfieren con la aplicación de leyes migratorias federales.
El anuncio fue acompañado de una promesa: más litigios contra entidades que, a juicio del gobierno, desafían el mandato de “erradicar las políticas que protegen a inmigrantes ilegales”.
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“El Departamento de Justicia continuará presentando litigios contra las jurisdicciones santuario”, afirmó la procuradora general Pam Bondi, al denunciar que estas políticas “ponen en riesgo a los ciudadanos estadounidenses por diseño”.
En la lista figuran 13 estados además de cuatro condados, y 18 ciudades. Esta publicación responde a una orden ejecutiva de abril, en la que el magnate republicano instruyó identificar y sancionar a los gobiernos locales que se nieguen a colaborar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
La preción continua
La embestida legal se produce en un contexto de tensión creciente tras la operación nacional de redadas iniciada en junio, apodada “Verano del ICE” por grupos activistas. Aquellas acciones, protagonizadas por agentes vestidos de civil y encapuchados, derivaron en protestas y en múltiples demandas por detenciones irregulares y discriminación racial.
Aunque el objetivo declarado de la Casa Blanca es alcanzar tres mil arrestos diarios, los datos reflejan una desaceleración. En julio, la agencia migratoria registró 990 detenciones diarias en promedio, frente a las mil 224 de junio. Un retroceso del 19 por ciento, que algunos atribuyen al escrutinio judicial: un tribunal federal de apelaciones bloqueó varias de las tácticas utilizadas en el sur de California.
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Desde el gobierno, sin embargo, se minimiza la caída. Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), reconoció una baja del 10 por ciento pero defendió la eficacia de ICE. “Seguimos sacando a pandilleros, terroristas y pedófilos de nuestras comunidades”, dijo.
No obstante, cifras del centro TRAC revelan que el 71 por ciento de los detenidos por ICE hasta el 27 de julio no tenía condenas penales. El número total de personas bajo custodia de ICE se ubicó en 56 mil 945, apenas por debajo del pico reportado semanas antes.