El primer consenso de la reforma política del Distrito Federal que alcanzaron y avalaron en la Asamblea Legislativa todas las fuerzas políticas de la ciudad y el gobierno de Marcelo Ebrard es que las delegaciones mantengan el control unilateral, pero se conforme un concejo electo democráticamente que permita la representación de otros partidos y ciudadanos.

 

En la iniciativa que la Asamblea Legislativa del DF envió al Senado en 2010 se establece también la voluntad de discutir, pero en el ámbito local, la división de territorios para hacer más eficientes los gobiernos y atender con mayor prontitud las demandas de la ciudadanía.

 

“Se propone crear un Concejo de Gobierno en cada demarcación, el cual deberá ser electo democráticamente. El concejo será encabezado por un titular que tendrá autonomía en el ejercicio del presupuesto”, dice el documento.

 

Asimismo, se plantea que el número de demarcaciones y los límites se definirán en la Constitución de la Ciudad de México.

 

También se alcanzó el consenso sobre conformar a la ciudad en una entidad federativa que participe en el pacto federal y cuente con autonomía financiera.

 

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno electo del DF, no ha presentado una propuesta formal de reforma política, pero ha señalado que es viable encontrar una figura intermedia en las delegaciones para que no sean convertidas en municipios y que la propuesta que hizo la ALDF será un punto de arranque.

 

En dicho documento, que se entregó en agosto de 2010 al Senado, se estableció la creación de la Constitución Política de la Ciudad de México para dar autonomía en el régimen interior de la Ciudad de México, pero manteniendo su carácter de sede de los poderes federales y capital del país.

 

El perredista Agustín Torres, presidente de la Comisión de la Reforma Política del DF de la ALDF, aseguró que ya se entró en contacto con la Comisión del DF de la Cámara de Diputados para iniciar trabajos en conjunto.

 

Propuestas 

 

– Crear la Constitución Política de la Ciudad de México.

– Régimen local de los servidores públicos.

– Poder revisor de la Carta Magna.

– Se faculta al Poder Legislativo local para presentar iniciativas de ley y de reforma constitucional ante el Congreso de la Unión.

– Se faculta al Poder Legislativo local para aprobar la deuda pública y emitir su propia ley de deuda pública.

– Se propone que todos los órganos jurisdiccionales, salvo el electoral, sean articulados como el Poder Judicial local.

– Se plantea mantener unitaria la hacienda pública.

– Se determina que el presidente ejerza el mando superior de la fuerza pública en la ciudad, pero será el Ejecutivo local quien nombre y remueva a quien encabece los mandos operativos directos locales de Seguridad Pública.

– La Federación deberá transferirle los recursos necesarios a los que pueda ejercer plenamente su condición de capitalidad.