La iniciativa de reforma a la administración pública, entregada por Enrique Peña Nieto a las bancadas de PRI y Verde en las cámaras, aumenta las funciones y facultades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se encargaría de emitir las normas para las compras y arrendamientos que haga el gobierno, la contratación de personal, la venta de activos y los lineamientos a los que deberán sujetarse los encargados de las auditorías de todas las áreas de la administración pública.

 

En la iniciativa entregada a los priistas se señala que correspondería a la Secretaría de Hacienda elaborar “el marco normativo del desarrollo administrativo y control gubernamental” al prácticamente absorber las tareas de la Secretaría de la Función Pública.

 

Las funciones de fiscalización y vigilancia que ahora lleva esa entidad, que remplazó a la Secretaría de la Contraloría, estarán a cargo de los titulares de las secretarías, quienes deberán nombrar a un “auditor preventivo” y éste será responsable de “vigilar el cumplimiento de las leyes y normas en materia de administración y disposición de los recursos presupuestales, financieros, humanos y materiales, así como las políticas de contratación de servicios generales y de licitaciones públicas o adjudicaciones”, de acuerdo con las reglas que amita Hacienda.

 

Entre las nuevas responsabilidades de la SHCP, además de dirigir la política económica del gobierno, estaría emitir la reglas a las que deberán sujetarse todas las adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras de la administración pública; emitir normas para la desincorporación de activos; administrar el sistema COMPRANET, además de conducir las políticas de planeación y administración de recursos humanos, contratación y remuneraciones del personal, servicio profesional de carrera y ocupacionales, y ejercer el control presupuestario de los servicios personales.

 

Además, llevaría el registro de servidores púbicos y de sus declaraciones patrimoniales y tendría el control sobre las auditorías internas y externas de las dependencias y entidades del gobierno federal.

 

Las modificaciones a la administración contemplan que la Oficina de la Presidencia, que fue ocupada por José María Córdoba, Luis Téllez, Ramón Muñoz y Juan Camilo Mouriño, queda reducida a un órgano técnico de apoyo al presidente, cuyo titular “podrá estar presente en las reuniones de gabinete”.

 

Comisión anticorrupción

 

La iniciativa también propone la creación de la Comisión Nacional Anticorrupción como el órgano responsable de prevenir, investigar y sancionar los actos de corrupción en materia administrativa cometidos por los servidores públicos de la Federación, así como por cualquier particular, ya sea persona física o moral.

 

Estará integrada por cuatro comisionados y un comisionado presidente, designados por el Ejecutivo federal y la Cámara de Senadores podrá objetarlos por dos terceras partes de sus miembros presentes dentro de los siguientes 30 días naturales. En caso de objeción, el Ejecutivo federal hará una nueva designación, si ésta también fuera objetada dentro del mismo plazo, designará directamente a otra persona.

 

La Comisión no podrá ejercer acción penal, pero cuando encuentre actos que presuman un delito dará vista al Ministerio Público, y estará facultada para coadyuvar en la investigación.

 

Hacia el pasado

 

En 1982, en el marco de lo que llamó la “renovación moral de la sociedad, Miguel de la Madrid creó la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, encargada de los procesos de auditoría del propio gobierno federal, así como de emitir las normas para el funcionamiento administrativo del mismo.

 

La propuesta del presidente electo señala que el mejor incentivo para que los recursos se ejerzan honestamente es que “los propios titulares de las dependencias y entidades de la administración pública federal (sean) los responsables de mantener en sus órganos una gestión eficiente y de calidad”.