La suspensión indefinida del programa nocturno Jimmy Kimmel Live! —uno de los más influyentes de la televisión estadounidense— dejó de ser un episodio aislado entre un comediante y una televisora para convertirse en un símbolo alarmante del rumbo político en Estados Unidos. Lo que se debate, según voces críticas, no es sólo el destino de un presentador popular, sino la consolidación de un modelo en el que la censura se ejerce desde el poder con una ostentación que roza la celebración.
El detonante fue un monólogo en el que Kimmel —consolidado como una de las voces más reconocibles del late night show, junto a Stephen Colbert y Jimmy Fallon— criticó a simpatizantes del movimiento MAGA por capitalizar políticamente el asesinato del activista conservador Charlie Kirk.
A partir de ahí, Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), aliado de Donald Trump y uno de sus operadores más firmes en el organismo, lanzó una advertencia pública: había llegado “la hora de sacar del aire” al comediante. Horas después, la cadena Nexstar, dueña de afiliadas de ABC, retiró el programa de su parrilla y suspendió a Kimmel.
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Trump celebra, Obama denuncia
El propio inquilino de la Casa Blanca celebró la suspensión en su red Truth Social, donde acusó a Kimmel de “mentir y difamar” y extendió sus ataques a otros presentadores. En entrevistas improvisadas, llegó incluso a sugerir que las cadenas que le ofrecen cobertura crítica deberían perder sus licencias de transmisión.
A este panorama se suma la vía judicial: el mandatario mantiene abierta una demanda multimillonaria contra The New York Times por supuesta difamación, una acción que expertos consideran un instrumento de intimidación contra la prensa crítica.
Por su parte, el expresidente Barack Obama, usualmente reservado en confrontaciones públicas, denunció en X que se trataba de “coerción gubernamental” y recordó que la Primera Enmienda fue diseñada precisamente para frenar este tipo de abusos. Otros demócratas, encabezados por Hakeem Jeffries, exigieron la renuncia de Carr, acusándolo de instrumentalizar la FCC para intimidar a las cadenas.
La paradoja es evidente de acuerdo al demócrata: la administración republicana, que durante años acusó a sus críticos de promover la “cultura de la cancelación”, también recurre a los mismos mecanismos, pero con el poder del Estado como respaldo. No se trata ya de sanciones sociales en redes, sino de amenazas regulatorias sobre licencias y concesiones.
Voces críticas
Desde Chicago, cuna de la comedia política estadounidense, voces como la de Mick Napier, exdirector de Second City —la legendaria escuela de comedia que lanzó a figuras de Saturday Night Live—, advirtieron a Axios que la sátira siempre fue un refugio contra el poder: “Desde la antigua Grecia, el teatro ha sido un lugar donde la voz contra el gobierno era libre. Esto me enferma”, dijo. Otros comediantes, como Wanda Sykes y Marc Maron, expresaron en entrevistas recogidas por The Washington Post que si un presentador del calibre de Kimmel puede ser silenciado, cualquiera podría serlo.
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Incluso dentro de la propia FCC hay críticas. Anna Gómez, comisionada demócrata, declaró a Axios que la campaña de Carr “va en contra del mandato de la agencia y no tiene base legal”. Para ella, las amenazas bastan para modificar decisiones corporativas: “La FCC no tiene la autoridad, la capacidad o el derecho constitucional de revocar una licencia debido al contenido”.
El análisis de la prensa internacional refuerza la gravedad del episodio. Según The Guardian, Brendan Carr, quien en el pasado prometió “desmantelar el cártel de la censura”, se ha convertido en una suerte de “censor en jefe”, utilizando su cargo para forzar a las cadenas a doblegarse a los intereses del gobierno.