María Elena Pérez-Jaén Zermeño presentó ante la Secretaría General de la Cámara de Diputados una demanda de juicio político contra el senador Adán Augusto López Hernández. Quien actualmente se desempeña como coordinador del Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en la Cámara Alta.
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Pérez-Jaén solicitó sanciones de destitución e inhabilitación del senador hasta por 20 años, así como la apertura de los procesos penales correspondientes.
La exdiputada federal señaló al senador de presuntos actos y omisiones que favorecieron al crimen organizado durante su gestión como gobernador de Tabasco.
Resaltó que al legislador se le vinculó, directamente, con Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, señalado como líder del grupo criminal de “La Barredora”, quien hoy se encuentra bajo custodia y resultó nombrado como secretario de seguridad en la administración de Adán Augusto y permaneció hasta inicios de 2024.
Externó que la “gravedad” de los hechos, incluyen presunta simulación, omisión y posible encubrimiento, lo que justifica la procedencia de una demanda de juicio político en contra del senador Adán Augusto López Hernández.
Con base en los artículos 110, 111 y 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen la responsabilidad de los servidores públicos por actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o comisiones y los artículos contenidos en el Título Segundo, capítulos I, II Y III de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Caso de Adán Augusto López y Hernán 'N'
Pérez-Jaén aseguró que el exsecretario de gobernación permitió, encubrió y benefició redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva “La Barredora”, que presuntamente lideraba Hernán Bermúdez Requena, y continuó durante su gestión como secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de dicha entidad de 2019 a 2024, quien hoy está bajo custodia federal.
La demanda subrayó que Adán Augusto López Hernández presuntamente incurrió en tráfico de influencia, en los delitos de cohecho y de encubrimiento, al mantener vínculos con Hernán Bermúdez y favorecer la operación de empresas y contratos ligados a personajes relacionados con actividades ilícitas, como la constructora Gravera Río Puxcatán.
“Lo anterior, se traduce en un grave incumplimiento de las responsabilidades primordiales de su encargo en el servicio público, redundando en perjuicio del interés público al haber incurrido en actos u omisiones graves en perjuicio de los intereses públicos.
Esta responsabilidad se determina mediante el juicio político, que consiste en un procedimiento desarrollado ante el Congreso Federal a partir de la denuncia de cualquier ciudadano, a través del cual se determina la responsabilidad de los servidores públicos en caso de que incurran en actos que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, destacó la exdiputada.
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El escrito, respaldado por informes oficiales de inteligencia militar obtenidos como producto de la vulneración (hackeo) y filtración de documentos del servidor de la Secretaría de la Defensa Nacional que hizo el colectivo Guacamaya Leaks, así como notas
periodísticas, que señalaron a López Hernández de haber permitido, encubierto y beneficiado redes criminales en Tabasco, particularmente a la organización delictiva La Barredora, que era liderada por Hernán Bermúdez Requena.