Este miércoles fue el segundo y último día de la audiencias públicas sobre la propuesta de reforma a la Ley de Amparo; mañana se discute en el Pleno del Senado.
Al respecto de este segundo día, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral Jurado, señaló que se privilegió una amplia discusión, con el propósito de incorporar a todas las visiones sobre esta figura jurídica.
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El morenista aseguró que que los puntos de vista externados permitirán generar propuestas que contribuyan a la elaboración del dictamen, por lo que una vez concluidas las audiencias las comisiones de Justicia, Hacienda y Crédito Público y Estudios Legislativos trabajarán de manera profunda para reconstruir las virtudes y limitaciones del juicio de amparo, pues está lleno de tecnicismos y no es accesible.
Corral Jurado destacó que el amparo es la base y pilar del sistema de acceso a la justicia, de manera que las audiencias permitieron recoger las inquietudes, propuestas y preocupaciones para tratar de plasmarlas en el dictamen.
"Estamos listos para convocar a las comisiones”, asentó.
Iniciativa limita derechos de impugnar
Entre las participaciones de este miércoles estuvo la de Alejandro Gutiérrez Muñoz, abogado litigante, quien mencionó que la iniciativa limita los derechos de impugnar en la vía de recurso de revocación y de juicio contencioso administrativo federal, en el procedimiento administrativo de ejecución.
Por su parte, la consejera del Colegio y Barra de Abogadas y Abogados, Lidia Monsalvo Álvarez, señaló que en la discusión de la reforma se debe tener en cuenta el no retroceso en la protección de los derechos humanos, para lograr una justicia más expedita, por lo que se debe hacer una reforma que esté en armonía con la Constitución y con los tratados internacionales.
Mientras que Ligia Claudia González Lozano, presidenta de la Comisión de Integridad y Cumplimiento del Consejo Coordinador Empresarial, indicó que la palabra amparo está en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que significa que no se pueden violar los derechos fundamentales por parte de quienes realicen actividades oficiales, y el interés legítimo y la suspensión deben ser progresivos para agilizar la justicia.
Por su parte, la presidenta de la Orden Mexicana del Colegio de la Abogacía, Cristina Vizcaíno Díaz, agregó que la modificación en la reforma sobre la ampliación a la demanda en amparo directo es inaceptable, porque no cumple ni respeta el artículo 17 constitucional y se restringe el ámbito de la protección de las personas.
Se corre el riesgo de que ciudadanía pague con sus impuestos la multa
Por otro lado, Natalia Téllez Torres Orozco, magistrada del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, anotó que con la reforma se corre el riesgo de que la ciudadanía pague con sus impuestos la multa que le corresponde liquidar al servidor público por no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, por lo que lo ideal es que las multas sean absorbidas por los funcionarios.
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En su momento, la magistrada de Circuito y presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, María Emilia Molina de la Puente, dijo que con esta reforma hay un retroceso para las minorías pues se modifica el interés legítimo que permite la defensa de los derechos colectivos, lo mismo las modificaciones a la ampliación de demanda, por lo que sería ideal hacer un análisis sobre los causales de procedencia a favor de los justiciables.
Por último, Arturo Gregorio Peña Oropeza, litigante, asentó que cuando se hable del interés legítimo es preciso que en la reforma se supriman las palabras “actual” y “directo”, con la intención de que no se deje margen a la interpretación, en tanto que para evitar que los colectivos puedan acceder al amparo, es preciso especificar la frase “individual o colectivo”.