El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) guardó un minuto de silencio en memoria de las víctimas de la represión ocurrida el 2 de octubre de 1968, en contra de quienes se manifestaron en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
Al término de la sesión de este jueves, la ministra Lenia Batres propuso rendir homenaje para reivindicar la memoria nacional y “confirmar el compromiso de este máximo tribunal por la no repetición de la represión y en favor de un Estado de Derecho respetuoso de los derechos humanos”.
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La propuesta fue apoyada por el ministro presidente, Hugo Aguilar, y aprobada por unanimidad, por lo que Pleno y asistentes se pusieron de pie para guardar este minuto de silencio.
En la misma sesión, la SCJN declinó la posibilidad de definir la obligación de aplicar el principio de aplicación de sanciones dictadas por autoridades electorales conforme a la tipificación existente en la norma jurídica, para evitar su aplicación discrecional.
El tema se discutió al analizar la contradicción de criterios 1/2024, suscitada entre el Pleno de la SCJN y la Sala Superior del Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación.
“Estas conductas deben estar señaladas de manera precisa y no debería permitirse su determinación mediante analogías o mayoría de razón, en resguardo del derecho a la seguridad jurídica de las personas a quienes les es aplicable. La autoridad electoral debe estar sujeta a límites establecidos en la ley, para un adecuado funcionamiento de la democracia mexicana, más aún, dada la larga historia de aplicación arbitraria de sanciones”, indicó la ministra Batres.
Unidades de Medida y Actualización
En esta misma sesión estaba listada para su discusión la contradicción de criterios 59/2025, sobre si la cuantificación de indemnizaciones por fallecimiento de alguna persona debe realizarse en salarios mínimos o en Unidades de Medida y Actualización (UMA).
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El proyecto que presentó Batres retomaba el decreto publicado el 27 de enero de 2016, por el que se reformó al artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para establecer las UMA, cuyo artículo tercero transitorio dice:
La ministra retiró el proyecto “tras escuchar inquietudes de mis compañeras y compañeros ministros, con el propósito de enriquecer y fortalecer el criterio que decidamos sostener”.