A un año de la entrada en vigor de la llamada “Ley Airbnb”, el Frente Unidos por la Hospitalidad (FUH), que agrupa a más de 48 mil familias anfitrionas en la capital, aseguró que la medida no resolvió la crisis de vivienda y, en cambio, redujo la estabilidad económica de miles de hogares.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó en octubre de 2024 una serie de reformas que establecieron nuevas reglas para las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs), entre ellas un límite de 180 noches de renta al año por inmueble. La iniciativa buscaba contener la gentrificación, frenar la competencia con hoteles y proteger el acceso a la vivienda.
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Impacto negativo en anfitriones de hospitalidad
Sin embargo, el FUH sostiene que la norma ha tenido un impacto negativo para la comunidad anfitriona. Según sus cifras, las ETEs representan menos del 1 % del parque habitacional de la ciudad, mientras que en 2024 solo se construyeron 1,157 viviendas nuevas, frente a una necesidad anual de 70 mil. Además, más de 207 mil casas y departamentos permanecen desocupados.
De acuerdo con el organismo, el hospedaje comunitario opera en alrededor de 28 mil inmuebles, genera 66,800 empleos y aporta 22 mil millones de pesos anuales, cifra hasta ocho veces mayor que la derrama económica hotelera. También subrayaron que los anfitriones pagan un 5 % de Impuesto sobre Hospedaje —más alto que el 3.5 % del sector hotelero— además de IVA e ISR.
“Lo advertimos desde el inicio: esta ley no iba a resolver la crisis de vivienda porque el problema no somos los anfitriones, sino la falta de construcción y las viviendas vacías. En cambio, sí impactó a miles de familias que hoy tienen menos ingresos para vivir con dignidad”, señaló Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones y cofundador del FUH.
Beneficios a la economía local
El frente destacó que la hospitalidad comunitaria beneficia directamente a la economía local, pues cada peso gastado en alojamiento se multiplica en mercados, fondas, transporte y comercios de barrio. Añadieron que la mitad de los anfitriones son mujeres y 17 % adultos mayores, quienes han encontrado en esta actividad una fuente de sustento.
El FUH reconoció la apertura de diálogo de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, así como de diversos legisladores y funcionarios, entre ellos César Cravioto, secretario de Gobierno; Alejandra Frausto, secretaria de Turismo; Inti Muñoz, titular de Vivienda; Alejandro Encinas, entonces secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial; Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico, y la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora de Morena en el Congreso local.
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Finalmente, el Frente insistió en que la solución no está en limitar ni criminalizar la hospitalidad comunitaria, sino en avanzar hacia la profesionalización, formalización y certificación del sector, al mismo tiempo que se fomente la construcción de vivienda asequible y se aprovechen las unidades deshabitadas.