El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el estado de excepción en diez de las veinticuatro provincias del país ante la intensificación de las protestas indígenas contra el alza del diésel.
La medida, de sesenta días, busca contener una “grave conmoción interna” y autoriza la movilización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para restablecer el orden público.
La decisión llega tras dos semanas de bloqueos y enfrentamientos que han dejado un manifestante muerto, más de 150 heridos y un centenar de detenidos.
Las manifestaciones comenzaron el 22 de septiembre, cuando el gobierno eliminó el subsidio al diésel, cuyo precio subió de 1.80 a 2.80 dólares por galón, un aumento del 56 por ciento.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) sostiene que el alza golpea la economía campesina y exige revertir la medida, reducir el IVA del 15 al 12 por ciento y aumentar los presupuestos de salud y educación. Su líder, Marlon Vargas, advirtió que “si tenemos que tomarnos la ciudad de Quito, vamos a tomarnos”, en alusión a una posible radicalización del movimiento.
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El epicentro del conflicto se ubica en Imbabura, provincia andina donde la producción florícola registra pérdidas diarias por un millón de dólares. En esa zona murió Efraín Fuerez, manifestante cuyo fallecimiento la CONAIE calificó como “crimen de Estado”.
Organizaciones de derechos humanos denuncian casi doscientas vulneraciones durante la represión de las protestas y alertaron sobre un uso excesivo de la fuerza.
Noboa, quien asumió el poder con un discurso de modernización y orden, respondió que “nadie puede venir a tomarse por la fuerza la capital de todos los ecuatorianos” y advirtió que “a los que actúan como delincuentes, se los tratará como delincuentes”.
El mandatario justifica el fin del subsidio al combustible alegando que beneficiaba al contrabando y la minería ilegal más que a los pobres.
El incremento del precio del diésel ha sido un detonante histórico de crisis sociales en Ecuador. Ya en 2019 y 2022, movilizaciones similares obligaron a los expresidentes Lenín Moreno y Guillermo Lasso a dar marcha atrás en medidas impuestas bajo presión del Fondo Monetario Internacional (FMI).