No se puede ni se debe permitir que el escándalo del huachicol fiscal se enfríe y, mucho menos, que quede impune. Se trata, por mucho, del mayor caso de corrupción y saqueo en la historia político-institucional de México, pues supera tropelías mastodónticas como lo fueron la Estafa Maestra, la Estela de Luz, la famosa barda de Calderón (uno de los estandartes preferidos de la chairocracia) o el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), donde perversos priistas se aprovecharon de la buena fe del cándido Ignacio Ovalle Fernández.

Hay que llegar, sí o sí, al fondo del huachicol fiscal porque aquí están involucrados actores políticos de altísimo nivel. Pero, sobre todo, porque es de vital importancia que se extirpen los tumores cancerosos que ya hicieron metástasis al interior de instituciones que durante décadas se nos hizo creer eran inmaculadas e incorruptibles, como la Secretaría de Marina.

Pero también hay que desenmascarar a todos aquellos que de 2018 a 2024 (sí, durante el sexenio de, ¿quién creen?, de Andrés Manuel López Obrador) se hicieron pasar por inocentes ovejas pero que en realidad eran ambiciosos y feroces lobos, pues del huachicol fiscal salieron miles de millones de pesos para financiar las campañas políticas de muchos que probablemente hoy son gobernadores, alcaldes y legisladores (federales y locales).

¿Por qué creen que muchos precandidatos y candidatos rechazaron dinero para hacer precampañas y campañas? Piensa mal y acertarás. Pero, ¡mucho ojo! También aquí hay muchísimos empresarios que le entraron al redituable juego de vender combustible contrabandeado. Fueron muchísimos los que le hincaron el diente a este jugoso pastel y hoy por hoy están usufructuando las ganancias de ese dinero mal habido.

El daño al erario y al país por el huachicol es superior a los 600 mil millones de pesos y ésta no es una cifra que los comunicadores nos hayamos sacado de la manga. Ese fue el monto que declaró la procuradora fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, tras comparecer ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados hace apenas unos días.

Y aunque desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) salieron de inmediato a “suavizar” las cifras manejadas por la procuradora fiscal con el argumento de que “sólo” 16 mil millones de pesos están contemplados en querellas, lo cierto es que esta cantidad supera los 15 mil 300 millones de pesos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en el desfalco Segalmex.

Bajo este contexto, vale mucho la pena traer a colación las palabras del expresidente López Obrador cuando dijo que “todos los negocios jugosos, todos los escándalos de corrupción, llevan el visto bueno del Presidente” (28 de Julio de 2019), sobre todo porque el “negocio” del huachicol fiscal no era un negocio jugoso… ¡sino jugosísimo! Por eso, no es coincidencia que a partir de 2022, cuando Andrés Manuel ordenó que los militares asumieran el control de las aduanas, con la promesa de cerrar las llaves del contrabando de combustibles, las ventas de combustible de Petróleos Mexicanos (PEMEX) se desplomaron y que el huachicol fiscal entró en un periodo de jauja inusitado con los estados de Nayarit, Sinaloa y Tamaulipas como principales centros de operaciones.

Es por eso que no se debe soltar este tema. El expresidente Andrés López Obrador y el exsecretario de Marina, Rafael Ojeda Durán, tienen mucho que explicar. Así que no vale la pena que perdamos el tiempo en distractores.

Tope donde tope.

 

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