La Casa Blanca no descarta invocar la Ley de Insurrección de 1807, que permitiría desplegar tropas federales en suelo estadounidense para sofocar disturbios internos. Así lo confirmó el vicepresidente JD Vance, quien aseguró que el presidente Donald Trump “analiza todas sus opciones” ante lo que calificó como un aumento descontrolado del crimen en las principales ciudades del país.
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En entrevista con Meet the Press de NBC News, Vance precisó que Trump “no ha sentido que necesite” recurrir a esa medida “por ahora”, aunque no la ha descartado. La declaración reaviva el debate sobre el uso de poderes excepcionales por parte del Ejecutivo para intervenir en estados gobernados por demócratas, donde las autoridades locales han bloqueado los intentos.
Trump ha defendido la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección como “una forma de eludir” los fallos judiciales que impiden el envío de fuerzas militares a ciudades como Chicago y Portland.
Dicha ley, firmada hace más de dos siglos, autoriza al presidente a utilizar el Ejército para restaurar el orden interno en casos de rebelión o violencia que obstaculicen la aplicación de las leyes federales. Su última activación ocurrió en 1992, durante los disturbios de Los Ángeles.
El plan de la Casa Blanca para la Ley de Insurrección
La idea de utilizar al Ejército dentro del país ha provocado una ola de críticas de gobernadores y juristas, que consideran que la administración busca extender su poder coercitivo. El gobernador de Illinois, JB Pritzker, respondió a los señalamientos de Vance —quien insinuó que podría enfrentar consecuencias legales— acusando a la Casa Blanca de “propagar una ola de mentiras”.
Mientras tanto, la tensión política se agrava en Washington, donde el cierre del gobierno federal cumplió su duodécimo día y los intentos de reabrirlo han fracasado en el Senado.
El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, culpó a los demócratas de “usar el cierre como maniobra partidista”, mientras el líder opositor Hakeem Jeffries insistió en la necesidad de un acuerdo.
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En paralelo, Trump mantiene su agenda internacional con un viaje a Israel, donde busca consolidar su papel en el alto el fuego entre ese país y Hamás. Pero en el frente doméstico, su posible uso de la Ley de Insurrección proyecta una sombra sobre el equilibrio entre autoridad presidencial y control civil.