El pleno de la Cámara de Diputados avaló el dictamen de la Ley de Amparo en lo general, con 345 votos a favor, 131 en contra y tres abstenciones, mientras que las más de 300 reservas se seguían discutiendo al cierre de esta edición, tras lo cual la iniciativa sería enviada de vuelta al Senado.
Y aunque San Lázaro modificó en comisiones el transitorio que envió el Senado sobre retroactividad, el cual era inconstitucional, en las reservas se volvió a remendar el dictamen por recomendación de la Coordinación General de Política y Gobierno de la Presidencia.
Los sufragios en abstención se emitieron por parte del bloque oficialista, siendo los renuentes la diputada morenista Olga Sánchez Cordero, exministra de la Suprema Corte, así como Javier Vázquez Calixto y Greycy Mariam Durán Alarcón, ambos del PT.
Aliados de Morena votaron en contra de la Ley de Amparo
También hubo votos en contra por parte de aliados de Morena, como la legisladora
Ana Erika Santana, del PVEM, y Martha Araceli Cruz, del PT.
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Esta última, siendo una legisladora de origen Mixe, señaló que la reforma toca el interés colectivo, por lo que afectaría a los pueblos indígenas.
La reforma destacó el interés legítimo y la suspensión provisional, al prohibir esta
en bloqueos de cuentas ordenadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como de conductas ilícitas que puedan dañar el sistema financiero y en los casos de revocación de permisos, concesiones o autorizaciones emitidas por las autoridades federales.
A su vez, limita el recurso de revocación al introducir como supuestos de improcedencia créditos fiscales firmes, determinaciones que resuelven solicitudes de prescripción y cuando el contribuyente manifieste desconocer el acto.
Durante la discusión en el pleno de San Lázaro el diputado panista Germán Martínez calificó la reforma como un “fraude parlamentario”, con consecuencias internacionales que también afectarían al capítulo laboral del T-MEC.
En contraste, el diputado morenista Julio César Moreno Rivera, presidente de la Comisión de Justicia, señaló que la reforma es el resultado de un proceso plural, abierto y deliberativo.
Detalló que la reforma busca “devolver” al amparo su sentido original, proteger los derechos, no facilitar abusos y que la propuesta tiene tres objetivos centrales: el modernizar el juicio de amparo mediante el uso de herramientas digitales, hacerlo más eficiente y expedito, evitando dilaciones, abusos procesales y reafirmar su carácter garantista, manteniéndolo como el medio defensivo por excelencia frente a los actos de autoridad.
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Retroactividad
El diputado morenista Hugo Erick Flores se encargó de presentar una reserva en el tercer transitorio, que resalta que en las etapas procesales concluidas que generen derechos adquiridos a las partes en los juicios en curso, se regirán por las disposiciones legales vigentes al inicio de los procesos respectivos.
Dicha reserva recogió la propuesta del coordinador General de Política y Gobierno de la Presidencia, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien señaló que los procesos posteriores a la entrada en vigor de este decreto se regirán por las nuevas disposiciones, sin que implique aplicación retroactiva ni afectación a derechos adquiridos, es decir que, “las etapas anteriores a la entrada en vigor de la reforma no se tocan”.