La Barra Mexicana, el Colegio de Abogados, A.C, afirmaron que ninguna reforma debe vulnerar el principio de progresividad de los derechos humanos, ya que estos deben ampliar, y no restringir, su esfera de protección hacia los ciudadanos, tras las modificaciones a la Ley de Amparo.
Señalaron que restringen la figura de la suspensión tanto provisional como definitiva al sujetarla a requisitos que dificultan su obtención y reducen la posibilidad de defensa.
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Así como el artículo tercero transitorio del Decreto parte de una premisa inconstitucional, pues dispone la aplicación retroactiva de la ley, vulnerando derechos adquiridos.
El pasado jueves 16 de octubre fue publicado el decreto mediante el cual se reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley de Amparo. En dichas modificaciones, ya en vigor, se advierten cambios importantes en materia de suspensión, particularmente en lo relativo a la Unidad de Inteligencia Financiera y a la prisión preventiva oficiosa.
“Exhortamos a las autoridades del Estado mexicano a abandonar estructuras y prácticas incompatibles con los derechos humanos. En ese sentido, instamos a emprender las reformas institucionales necesarias y a establecer mecanismos integrales para prevenir violaciones a la libertad personal, al debido proceso y a la presunción de inocencia”, destacaron.