A un mes de asumir como contraloría de la Ciudad de México (CDMX), Nashieli Ramírez Hernández destacó que, para combatir la corrupción, se trabajan cerca de 18 mil denuncias ciudadanas y se han impuesto sanciones a 364 servidores públicos en lo que va de la administración.
Contraloría General CDMX compareció ante el Congreso capitalino.
Como parte de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, la titular de la Contraloría General local compareció ante el Congreso capitalino.
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La funcionaria informó que, del 5 de octubre de 2024 al 31 de agosto de 2025, se realizaron 791 actividades de fiscalización, cubriendo el 100 por ciento de los entes públicos de la ciudad.
“La Contraloría no sólo sanciona irregularidades, orienta el sentido del servicio público, impulsa una cultura de integridad y contribuye a decisiones administrativas para el bien común” Ernesto Villarreal Cantú; Diputado local del PT.
Del total, 227 corresponden a auditorías y 181 a acciones de control interno, con 305 observaciones, de las cuales 120 son del ámbito administrativo.
En cuanto a las auditorías, 66 están relacionadas con adquisiciones, 97 con aspectos administrativos, 30 con programas sociales, 19 con obra pública y 15 con presupuesto participativo.
“Todas las alcaldías, dependencias y entidades recibieron o estuvieron sujetas, al menos, a una actividad de esta secretaría entre octubre de 2024 y octubre de 2025”, mencionó la contralora.
Indicó que, en el presente ejercicio presupuestal, la Contraloría participó en 622 procedimientos de licitación pública, 717 de invitación restringida y 931 de adjudicación directa.
Atienden corrupción
Respecto a la corrupción, Ramírez Hernández señaló que se atienden casi 18 mil denuncias ciudadanas, las cuales se resuelven de forma inmediata si involucran a alcaldías, mientras que en el caso de las dependencias se abren expedientes de investigación. En este periodo se impusieron 390 sanciones a un total de 364 servidores públicos.
Asimismo, informó que se seguirá fortaleciendo el programa institucional “Por una cultura de tolerancia cero a la corrupción” y que está en desarrollo la creación de una Unidad de Ética Pública y Prevención de Conflictos de Interés.
Ante legisladores, la contralora también reconoció áreas de oportunidad, como el fortalecimiento normativo, la reducción de tiempos de respuesta a denuncias actualmente de hasta 180 días— y la necesidad de elaborar un diagnóstico del presupuesto participativo sobre el manejo de recursos