Al expresar su enérgica condena por la violencia registrada durante la manifestación de la Generación Z el pasado 15 de noviembre, la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, aseguró que se vulneraron los derechos fundamentales de diversas personas que ejercían, “en su inmensa mayoría, su derecho a la libre expresión y protesta a través de una manifestación social esencialmente pacífica y orgánica”.
A través de sus redes sociales, publicaron una carta firmada por la presidenta de esa institución, Ana Maria Kudisch Castelló en la que enfatizaron la importancia de distinguir entre la protesta legitima y pacífica de ciudadanos y la violencia generada para intentar deslegitimar esta manifestación a través del vandalismo cometido por el llamado "bloque negro".
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La Barra, advierte que la aparición de las personas vestidas de negro ha sido recurrente en marchas que cuestionan al Gobierno Federal y cuyas acciones, dirigidas a provocar confrontaciones violentas muestran el evidente propósito de descalificar una auténtica expresión ciudadana con la finalidad de alterar la narrativa de Justificada protesta, que tiene su origen en la ejecución del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, acto criminal que indigna al país entero.
Por ello, hicieron un llamado a las autoridades competentes en materia de seguridad pública de la Ciudad de México “para que, en las próximas movilizaciones convocadas por diversos medios, entre ellas la prevista para el 20 de noviembre, se respeten los protocolos de actuación que garantizan la libre expresión de ideas, así como la integridad de las personas”.
Piden a la FGJCDMX garantizar DDHH
También pidieron que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México “garantice plenamente los derechos humanos de todas las personas detenidas, incluyendo su integridad personal, acceso inmediato a defensa y comunicación con sus familiares, en cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos”.
Consideraron indispensable destacar que la protesta social pacífica es un derecho fundamental y un mecanismo esencial de participación ciudadana dentro de toda democracia. “Su protección efectiva constituye un requisito indispensable para la vigencia del Estado de Derecho en México”.