Amnistía Internacional recriminó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) haya confirmado la eliminación del fondo para atención a víctimas de la Comisión Nacional de Atención a Víctimas (CEAV).
“Amnistía Internacional se suma a la preocupación por la decisión de la SCJN de eliminar la garantía de contar con un presupuesto mínimo y exclusivo para las medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas”, indicó el organismo internacional.
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La Suprema Corte determinó “no poner al centro a todas las víctimas del país, al rechazar el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad sobre el artículo 132, fracción I de la reforma a la Ley General de Víctimas (LGV) de 2020, que disponía que el Congreso de la Unión no había cumplido con modificar la normativa, una vez que en marzo de 2024 la Primera Sala de la SCJN la declaró inconstitucional al resolver por unanimidad el Amparo en Revisión 675/2022”.
Reforma elimina garantía de contar con un presupuesto para víctimas
El Centro PRODH Cabe recordó que esa reforma “eliminó la garantía de contar con un presupuesto mínimo, exclusivo e irreductible para las medidas de ayuda, atención y reparación a víctimas de violaciones a derechos humanos o delitos, el cual no podía ser menor del 0.014% del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año inmediato anterior", lo cual impugnó en su momento, por vía de amparo, el Centro Prodh" al tener contrariedad al principio de progresividad de los derechos.
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El organismo señaló que “preocupa particularmente que el Pleno de la nueva Corte decidió ir más allá de la discusión de la declaratoria general de inconstitucionalidad, reabriendo el fondo del mencionado Amparo en Revisión, al analizar la constitucionalidad de la reforma" asunto que discutió la Primera Sala de SCJN.
Asimismo, mencionaron que "esta práctica es violatoria del principio de seguridad jurídica y contraviene la figura de "cosa juzgada", al reabrir discusiones que jurídicamente debían considerarse agotadas. Esta tendencia debilita la coherencia y estabilidad de las decisiones judiciales de la SCJN”.