Por unanimidad, con 110 votos, el pleno del Senado aprobó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, que permite homologar el tipo penal en todo el país, y aumenta hasta en 42 años las penas por este delito.
Debido a que los senadores hicieron cambios a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, el Senado regresará el documento a San Lázaro cuyo presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ya adelantó que se “allanarán” a los cambios y la aprobarán tal como quedó modificada.
En el debate, los senadores de todos los partidos políticos, reconocieron la gravedad de este delito que está dañando la economía del país incluso revelaron que también han sido víctimas de los extorsionadores.
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Oposición demanda recursos para la implementación de la Ley de Extorsión
A pesar de votar a favor, senadores del PAN, MC y PRI, demandaron recursos para la implementación de esta Ley, de lo contrario, aseguraron, no tendrá los resultados buscados.
“No le demos atole con el dedo a la gente y hagamos lo que nos corresponde respecto a este exhorto a los congresos locales para que nutran de presupuesto a las fiscalías estatales y propongamos también la extinción de este fideicomiso o tomar una parte de él para la Fiscalía Especializada en Materia de Extorsión a nivel federal”, demandó la senadora del PRI, Claudia Anaya.
La senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Guadalupe Murguía, señaló que, de acuerdo con el Inegi, la extorsión es el segundo delito que más se comete en el país, solo por debajo del robo en vía pública y en transporte público. “Este delito efectivamente le apuesta al silencio. La cifra negra es del 97%”, declaró.
La senadora del PRI, Carolina Viggiano, refirió que “las razones del aumento de los casos de extorsión se deben a una debilidad institucional que se debe resolver con presupuesto, fortalecimiento de las policías y ministerios públicos, pero sobre todo voluntad política de los gobernadores. No se puede combatir ningún delito mientras todo se le deje a la federación a través de la Secretaría de Seguridad, a la que por cierto, le redujeron su presupuesto”, acusó.
El presidente de la Comisión de Justicia, el morenista, Javier Corral, destacó que esta Ley establece la obligación de contar con unidades, policías, analistas y ministerios públicos capacitados, evaluados, certificados y especializados en la investigación del delito de extorsión.
Cambios propuestos
Entre los cambios propuestos y aprobados en Comisiones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, destaca que las personas sentenciadas por el delito de extorsión “no tendrán derecho a los beneficios de libertad anticipada, sustitución, conmutación de la pena o cualquier otro que implique reducción de la condena. Tampoco les aplicarán los beneficios preliberaciones previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal”.
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El dictamen que este miércoles se discutirá en el Pleno, también establece que quien, sin autorización, introduzca o intente introducir a un centro de readaptación social, algún dispositivo electrónico que permita la transmisión de datos, voz, geolocalización o imágenes mediante telefonía fija o móvil, radiofrecuencia, satelital, internet o tecnología análoga, se le impondrá una pena de seis a 12 de prisión.
Además se crean los Centros de atención de denuncias contra la extorsión que estarán a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.
Los senadores aprobaron una reserva presentada por el vicecoordinador de Morena, Ignacio Mier, en la que amplía los medios por los cuales son cometidos los actos de extorsión e incorpora a los “dispositivos, medios, servicios o plataformas” a través de los cuales se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, datos, sonidos o información de cualquier naturaleza “que se efectué a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico”.