La alarma que sacudió Westminster el 18 de noviembre de 2025 no surgió de la nada.Fue el capítulo más reciente de una historia que desde hace años acumula señales de alerta sobre el interés de China en la política británica.
El primer sobresalto serio ocurrió en 2022, cuando el MI5 señaló a Christine Lee, una abogada con vínculos políticos y donaciones a varios parlamentarios, de actuar como pieza de una red de influencia del Partido Comunista Chino. Ella lo negó, pero muchos entendieron por primera vez que Pekín no solo observaba, sino que intentaba abrirse paso dentro del Parlamento.
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En 2023, la preocupación se intensificó con la detención del investigador parlamentario Christopher Cash y del académico Christopher Berry, acusados de pasar información a China. Cash había trabajado con figuras influyentes del Partido Conservador; Berry se movía en círculos académicos con acceso a análisis políticos. Sus arrestos detonaron una crisis diplomática: Rishi Sunak, entonces primer ministro, expresó al gobiernochino su “seria preocupación” por cualquier interferencia en la democracia británica.Pekín tachó las acusaciones de “calumnias maliciosas”.
Sin embargo, en septiembre de 2025, el proceso judicial colapsó. La fiscalía explicó que no podía continuar porque el gobierno británico se negó a declarar oficialmente a China como “enemigo” bajo la Ley de Secretos Oficiales (el caso solo podía avanzar si existía una designación formal en esos términos). Para la oposición, esto revelaba miedo a afectar el comercio; para el gobierno, se trataba de un requisito legal desproporcionado y desfasado.
Con este telón de fondo, el MI5 declaró esta semana que agentes chinos vinculados al Ministerio de Seguridad del Estado se hacían pasar por reclutadores en la red social LinkedIn, utilizando perfiles como Amanda Qiu y Shirly Shen para vincularse con asistentes parlamentarios, funcionarios y académicos. La estrategia era ofrecer viajes o colaboraciones para obtener piezas de información que, reunidas, permitían trazar un panorama del Estado británico.
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El ministro de Seguridad, Dan Jarvis, denunció un “intento calculado” de influir en los asuntos internos del país. Anunció medidas para endurecer las reglas de financiamiento político, fortalecer la ciberseguridad y exigir sesiones informativas obligatorias para partidos y candidatos.
China respondió tachando el asunto de “invención pura” y pidiendo a Londres detener lo que llamó “una farsa autoproclamada”, justo cuando el gobierno británico debe decidir si aprueba o no un enorme nuevo complejo para la embajada china en un punto estratégico de Londres.