Con la puesta en operación de la primera Defensoría Pública Federal, en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en Huejutla, Hidalgo, el Órgano de Administración Judicial (OAJ) sienta las bases para avanzar en la justicia social y establece un precedente para acercar la justicia a las comunidades y grupos que tradicionalmente se han olvidado.
En la ceremonia de inauguración, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, dijo que este es un momento histórico para el país y para la justicia, ya que los indígenas a lo largo de la historia “ni siquiera teníamos calidad jurídica, hasta la reforma del pasado 30 de septiembre de 2024”.
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Aseguró que “desde el nuevo Poder Judicial de la Federación (PJF) estamos impulsando una defensa de la colectividad, ya que esta visión es la esencia de nuestros pueblos indígenas. Tenemos que volverla más humana, pensando en los que históricamente han estado fuera del sistema de justicia para no perder el rumbo”.
Prueba de ello, comentó, en el PJF se trabaja en el nuevo perfil del defensor público para que sea más sensible y se convierta en el eslabón que conecte el aparato de justicia con los derechos y costumbres de los pueblos indígenas.
“La defensoría pública del PJF ha demostrado en muchos casos su capacidad técnica jurídica para llevar casos. Hoy le abrimos un nuevo frente, una nueva perspectiva: la de ser defensores del pueblo”, aseveró.
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Con la apertura de esta representación se dan los primeros pasos en la consolidación de una justicia incluyente, al tratarse de la primera instalación destinada especialmente al beneficio y atención de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas de la región Sierra y Huasteca Hidalguense.