La Comisión de Salud de la Cámara de Diputados va por prohibir la distribución, venta de cigarrillos electrónicos y vapeadores, también distintas sustancias tóxicas, cómo el fentanilo, y prevén sanciones hasta de 8 años de prisión.
“La prohibición total de obtención preparación, conservación, producción, fabricación, mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, almacenamiento, importación, exportación, comercio, distribución, venta y suministro de estos”, dice el dictamen.
De igual forma la “prohibición total” de publicidad o propaganda, para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisión o radio.
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Además, la autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la identificación, aplicación de medidas de seguridad y disposición sanitaria, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades.
En las sanciones se incorpora en el Capítulo de Delitos de la Ley General de Salud, el tipo penal que refiere la consecuencia por violar la prohibición de cualquiera de las conductas señaladas respecto a estos dispositivos, con una pena de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa advierte que la mercadotecnia de los vapeadores utiliza estrategias atractivas como sabores frutales, empaques coloridos y campañas en redes sociales que incitan al consumo temprano de nicotina, fomentando la dependencia desde edades tempranas.
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“El incremento del uso de vapeadores constituye también una nueva forma de dependencia a la nicotina y amenaza con revertir los avances alcanzados por las políticas antitabaco implementadas en México durante las últimas décadas. La tolerancia social hacia estos productos puede contribuir a normalizar nuevamente el acto de fumar, afectando los esfuerzos educativos, regulatorios y sanitarios dirigidos a crear espacios libres de humo y promover una cultura de prevención de adicción”, resalta el documento.
La regulación propuesta busca proteger especialmente a niñas, niños y adolescentes, sectores más vulnerables ante la exposición a la publicidad y la disponibilidad de productos con potencial adictivo