La ministra Lenia Batres insistirá en presentar un proyecto para fijar las indemnizaciones por daños patrimoniales derivados de la muerte en Unidad de Medida y Actualización (UMA), en lugar de salarios mínimos.
La discusión se prevé para el próximo jueves en el Alto Tribunal y se suma a las decisiones que ha impulsado la ministra Batres para reabrir casos ya juzgados o rechazados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como impulsar temas que favorezcan al Estado, consideraron expertos.
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El 2 de octubre pasado, la ministra retiró su proyecto de la lista de discusión para escuchar las voces en contra y presentar uno nuevo ante las dudas de ministros y sospechas de que la decisión de fijar las indemnizaciones en UMAS favorecería a un sector económico.
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Sin embargo, en la lista de la SCJN para el próximo jueves se encuentra la contradicción de criterios 59/2025, cuya propuesta es idéntica y sin ningún cambio; Batres argumentó que no se trata de un asunto novedoso y propuesto por ella, sino solo de acatar un mandato constitucional.
Víctimas recibirían menos recursos
De aprobarse, los familiares de víctimas mortales o incapacitados, desde accidentes hasta negligencia médica, recibirán menos recursos. Las reparaciones quedarían en un monto de alrededor de 565 mil pesos en todo el país, frente a 1.3 millones que se podría fijar en salarios mínimos.
El proyecto de la ministra pretende resolver una contradicción de criterios entre las extintas Primera y Segunda Sala de la SCJN sobre la desindexación del salario mínimo, vigente desde 2016 a través de una reforma constitucional.
La Primera Sala permitía, en algunos casos en la Ciudad de México, fijar indemnizaciones con salarios mínimos, mientras que la Segunda Sala estableció que todas las reparaciones deben calcularse en UMAS por ser mandato constitucional.
Según el proyecto, los juzgadores federales deberán aplicar la reforma a la Constitución que sustituye el salario mínimo por UMA, como único factor para calcular multas e indemnizaciones.
Batres consideró que la indemnización por daños patrimoniales derivados de la muerte o incapacidad temporal o permanente debe ser considerada como reparación compensatoria, independiente del salario de la víctima.
La propuesta indica que este criterio debe prevalecer como jurisprudencia nacional, con lo que tribunales federales y locales estarían obligados a calcular las reparaciones de daño en UMA y no en salario mínimo.
De aprobarse, la SCJN marcaría un precedente que impactará a la baja en el cálculo de indemnizaciones por delitos en México, ajustando los montos a la Unidad de Medida y Actualización y cumpliendo lo estipulado por la Constitución desde 2016.
A favor del Estado
A pesar de que Lenia Batres se autonombra “la ministra del Pueblo”, sus posiciones y posturas defienden al Estado y no a los ciudadanos, aseguró Gustavo López Montiel, académico de la Escuela de Ciencias y Gobierno del Tecnológico de Monterrey.
Explicó que muchas decisiones que tomó la anterior conformación de la Corte y algunos tribunales favorecían a las personas que estaban en controversia con Instituciones del Estado, mientras que la ministra busca favorecer al Gobierno.
“No es únicamente ese tema de las indemnizaciones por muerte, sino que ya también había planteado la ministra una posición similar con otro tema también de seguridad social. Las decisiones anteriores iban encaminadas a proteger a las personas, en contraste con las decisiones de las dependencias, tratando de limitar los derechos”, refirió el académico.
Consideró que en su paso por la nueva Corte la ministra Batres tendrá en sus decisiones “una posición que favorezca al gobierno”.
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Lenia Batres anunció que modificará su proyecto de indemnizaciones
El pasado 21 de octubre, la ministra Lenia Batres anunció que modificará su proyecto sobre modificar el criterio para quitar la obligatoriedad de consultar a personas con discapacidad en la creación de nuevas leyes, luego de dos días de audiencias con ese sector, en las que la nueva Suprema Corte recibió reclamos de regresión.
La ministra igual prevé quitar de su proyecto que las comisiones de Derechos Humanos pudieron promover acciones en la Corte solo si los colectivos lo solicitan, debido a que recibió en las audiencias una andanada de críticas por esa propuesta.