La Comisión de Salud avaló en lo general y en lo particular la Ley General de Salud, la cual plantea la prohibición total en vapeadores y cigarrillos electrónicos.
Con 27 votos a favor, ocho en contra y una abstención de la diputada petista Martha Aracely Cruz, el dictamen fue avalado en lo general y en lo particular en el Senado, pasará al pleno de San Lázaro para su discusión.
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La oposición acusó que se está criminalizando a los usuarios de vapeadores y uso de cigarrillos y resaltó de prohibicionista y punitiva la reforma.
En ese sentido, la diputada emecista Irais Reyes advirtió que la reforma es prohibicionista, punitiva y desproporcionada que ha tomado el Congreso en décadas. Aseguró que México se convertirá en el primer país del mundo que mete a la cárcel a la gente por comprar, almacenar, preparar o vender vapeadores.
“Ningún país democrático hace eso. Ninguno, ni Brasil, ni Argentina, ni Tailandia, ni Singapur, ni India, ni la Unión Europea, ni Estados Unidos, ni Canadá. Solo México. El artículo 282 quater de la reforma prohíbe absolutamente todo”, señaló.
Reiteró que se prohíbe, conservar en la casa, en la alacena, transportar con fines comerciales, almacenar, preparar, distribuir, vender, suministrar.
“Y el artículo 456 bis establece penas que van de uno a ocho años de prisión por cualquiera de estas acciones. Esto significa que comprar un vape o simplemente tener un vape en tu casa puede ser un delito”, aseveró.
También se prohíbe en su totalidad su publicidad o propaganda
El dictamen destaca la “prohibición total” de publicidad o propaganda, para que se consuman cigarrillos electrónicos, vapeadores y demás sistemas o dispositivos análogos, a través de cualquier medio impreso, digital, televisión o radio.
Además, la autoridad sanitaria podrá llevar a cabo la identificación, aplicación de medidas de seguridad y disposición sanitaria, con independencia de las acciones que correspondan a otras autoridades.
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En las sanciones se incorpora en el Capítulo de Delitos de la Ley General de Salud, el tipo penal que refiere la consecuencia por violar la prohibición de cualquiera de las conductas señaladas respecto a estos dispositivos, con una pena de 1 a 8 años de prisión y multa equivalente de 100 a 2000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización.
La iniciativa advierte que la mercadotecnia de los vapeadores utiliza estrategias atractivas como sabores frutales, empaques coloridos y campañas en redes sociales que incitan al consumo temprano de nicotina, fomentando la dependencia desde edades tempranas.