La relación entre Zacatecas y San Luis Potosí (SLP) ha estallado en una crisis institucional, tras el hallazgo, hace una semana, de siete cuerpos abandonados en los límites entre ambas entidades, polémica que incluso ha llevado a la omisión del conteo de homicidios a nivel nacional.
El punto de quiebre fue el pasado 23 de noviembre de 2025, cuando el hallazgo de los cadáveres no sólo inició una investigación, sino que culminó con la detención de cuatro agentes de la Guardia Civil de SLP y una guerra de acusaciones entre dependencias de ambas entidades.
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La confrontación escaló a un nivel político y judicial tan profundo que, en un acto calificado por expertos en seguridad como “omisión deliberada”, ninguno de los dos estados avisó de estos siete homicidios a la Federación al día siguiente, ni después.
El total nacional de víctimas reportado ese lunes 24 de noviembre fue de 65, cuando la cifra real, de haberse incluido el hallazgo, era 72.
El gobernador potosino, Ricardo Gallardo Cardona, señaló una posible intención de autoridades zacatecanas por alterar la narrativa del hallazgo, con el propósito de no contabilizar esos homicidios en sus estadísticas.
AGENTES POTOSINOS DETENIDOS
El epicentro de la crisis fue Pánfilo Natera, Zacatecas, que colinda directamente con SLP. La indagatoria de la Fiscalía zacatecana apuntó rápidamente a la corporación hermana. La tensión creció con la detención de los cuatro elementos, en el lugar del hallazgo, a quienes se les aprehendió bajo la presunción de haber trasladado y abandonado los cadáveres desde el municipio potosino de Santo Domingo, acto que el Gobierno de aquel estado tildó de “injerencia indebida”.
El fiscal zacatecano, Cristian Camacho Osnaya, defendió la acción al declarar que el avanzado estado de descomposición de las víctimas sugería que “no se privaron de la vida en ese lugar”, sino cinco días antes y que se habían llevados al estado con el propósito táctico de evadir la responsabilidad estadística y judicial.
Por su parte, el secretario de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, dijo ayer a la prensa que tienen pruebas “contundentes” de que los cuatro agentes movieron a territorio de Zacatecas los siete cuerpos.
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Sin embargo, el gobernador afirmó que existe plena certeza de que los cadáveres encontrados no se asesinaron en su estado, sino que corresponden a víctimas zacatecanas y que las fichas de búsqueda emitidas en esa entidad confirman la identidad y la jurisdicción del hecho.
Pese al señalamiento, Gallardo Cardona subrayó que la relación institucional con el estado vecino es buena y que mantiene comunicación directa con su gobernador.