Las redadas migratorias ordenadas por el gobierno de Donald Trump sacudieron a Nueva Orleans y Minneapolis, dos ciudades convertidas en escenario de la disputa entre la Casa Blanca y las autoridades demócratas locales.
El operativo, coordinado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), apunta a personas en situación irregular que, según Washington, quedaron libres debido a políticas de “santuario” que restringen la cooperación con la policía migratoria.
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En Nueva Orleans, agentes federales realizaron detenciones desde la madrugada, mientras el gobierno defendía el despliegue de efectivos de la Guardia Nacional solicitado por el gobernador republicano Jeff Landry. El DHS aseguró que entre los objetivos figuran individuos liberados tras arrestos por allanamiento, robo de vehículos o agresiones.
Sin embargo, datos internos del ICE analizados por especialistas del Instituto Cato indican que casi 70 por ciento de los detenidos en el último año fiscal no tiene condenas y solo cinco por ciento ha sido sentenciado por delitos violentos, contraste que alimentó cuestionamientos a la narrativa oficial.
La ofensiva tuvo efectos inmediatos en comunidades latinas: residentes evitaron salir de sus hogares ante el temor a quedar detenidos, mientras voluntarios distribuían víveres a familias que suspendieron actividades laborales y escolares. El crecimiento de la población migrante en Luisiana desde el huracán Katrina, hace casi dos décadas, contribuye a explicar la magnitud de la preocupación actual.
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En paralelo, el gobierno activó un operativo en Minneapolis, centro de la diáspora somalí en Estados Unidos. El despliegue ocurrió después de que el magnate republicano arremetiera contra esa comunidad y contra la congresista Ilhan Omar, de origen somalí.